La ministra Ángela Vivanco, suspendida de sus funciones en la Corte Suprema por seis hechos en los que está involucrada y que son “serios y graves” según el Pleno del máximo tribunal, descartó presentar su renuncia, según informaron desde su círculo cercano.
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República y artículo 41 del acta 108 de 2020, se acuerda abrir cuaderno de remoción respecto a la ministra señora Vivanco y pedirle informe que deberá evacuar dentro del término de 20 días corridos sobre los siguientes hechos”, informó el presidente de la Corte Suprema Ricardo Blanco Herrera.
A continuación, la máxima autoridad del Poder Judicial, enumeró los hechos sobre los cuales deberá informar Vivanco en los siguientes 20 días y por los que se investigará administrativamente a la ministra, los cuales, además de graves, afectarían “los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”.
- Interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón.
- Irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Belaz Movitec Spa con Codelco.
- Intervención en nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla Osorio.
- Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla Osorio.
- Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la Tercera Sala de esta corte antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado.
- Concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses
Asimismo, ante el cuaderno de remoción abierto en su contra, cercanos a ña suspendida ministra Vivanco aseguran que “se defenderá con todas las herramientas que le confiere la ley”.
La Corte Suprema se reunió este lunes en un Pleno Extraordinario a raíz de las revelaciones que hizo Ciper en el caso Audio y que involucran al abogado Luis Hermosilla en solicitudes de favores mutuos con la ministra. Vivanco no estuvo presente y su situación fue zanjada por 12 ministros titulares y cuatro subrogantes del máximo tribunal.
El proceso de remoción consideró, según explicaron en una declaración “la cuenta dada de los antecedentes recopilados por la Comisión de Ética de la Corte Suprema de Justicia y los hechos dados a conocer por los medios de comunicación social, que atañen a la ministra señora Ángela Vivanco Martínez, los cuales son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”.
En el entorno de la magistrada sostienen que “se encuentra en una posición desmejorada, pues desconoce el detalle de los cargos dictados en su contra”.
En esa línea, adelantan que requerirá formalmente acceso al expediente elaborado por la Comisión de Ética de la Corte Suprema y solicitará copias de los chat entre ella y Hermosilla en los que se basó el reportaje de Ciper.
SUSPENSIÓN
El pleno de la Corte Suprema habría decidido este lunes suspender de sus funciones a la ministra Ángela Vivanco. Esto luego de que se revelaran conversaciones de la ex vocera con el abogado Luis Hermosilla.
Ayer, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, expresó su preocupación tras la revelación de chats con el abogado, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber por el caso Audio.
En los chats dados a conocer por el medio Ciper, Vivanco pidió ayuda a Hermosilla para ingresar al máximo tribunal, hecho que se concretó en 2018. Posteriormente, Hermosilla le pidió ayuda a la ministra en una causa que involucraba a la PDI y la Defensoría de la Niñez.
A raíz de esto, ayer parlamentarios del PS anunciaron que estudian una Acusación Constitucional contra Vivanco. Esta medida tuvo el apoyo inmediato del Frente Amplio.
Vivanco se suma así a Luis Correa Bulo, quien en 2001 fue suspendido y luego destituido.
Su caso se debió a cuatro hechos ocurridos entre 1992 y el año 2000, que fueron calificadas por el Pleno como «atentados contra la responsabilidad del Poder Judicial y la dignidad del cargo de ministro del más alto Tribunal».
MINISTRA CHEVESICH
EN BUSCA DE ABOGADO
Pasadas las 23 horas del sábado 7 de septiembre los teléfonos de los integrantes del Poder Judicial comenzaron a registrar intensos intercambios. Y es que a esa hora comenzaba a circular el reportaje de Ciper que daba cuenta de la serie de conversaciones que, por años, mantuvieron la ministra suprema Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva en medio del caso Audio.
Los registros, como dio cuenta el mencionado medio, dejaban al descubierto que el profesional no solo la habría ayudado a llegar al cargo en el máximo tribunal, sino que también se habrían coordinado en función de otros nombramientos y respecto de la vista de algunas causas. Los hechos fueron catalogados rápidamente como de máxima gravedad, por lo que el presidente Ricardo Blanco comunicó que la situación sería analizada en el pleno de este lunes.
Dada la preocupación que reinaba en los pasillos del Palacio de Tribunales, eso sí, todo se adelantó y se citó a un pleno extraordinario, que comenzó a eso de las 8.50 horas. Cuatro horas más tarde ya se había dictado la suspensión de la magistrada. Esto, como explicaron del organismo, como “medida cautelar”, pues los titulares presentes acordaron abrir un cuaderno de remoción a la jueza.
Vivanco ya enfrentaba un proceso al interior de la Corte, específicamente en la Comisión de Ética, y por conversaciones que habría sostenido su pareja, Gonzalo Migueles, con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Por lo mismo, ya estaba siendo asesorada por un abogado, Cristóbal Osorio, quien de acuerdo con información recabada por La Tercera seguiría representándola.
El abogado es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile, diplomado de Derecho Público Económico y Derecho y Política de la Competencia, ambos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile.
Entre sus causas más conocidas, Osorio ha representado a Iván Aróstica, expresidente del TC, en la causa contra María Luisa Brahm, y también al exfiscal Emiliano Arias, quien enfrentó una infructuosa solicitud de remoción ante la Suprema por parte del entonces fiscal nacional Jorge Abbott.
ARISTA PENAL
Más allá de que hoy los ojos están puestos en la determinación de la Suprema sobre la magistrada, hay otras dos aristas que la mantienen complicada. Por un lado, la eventual acusación constitucional que presentarían en su contra parlamentarios oficialistas y, por otra, la investigación penal.
Esa arista del caso está a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lleva adelante la investigación por soborno en contra de su pareja. Es en el marco de esa indagación, como pudo conocer este medio, que la jueza también aparece como indagada.
Y ahí Vivanco ya desplegó sus redes para fichar a un conocido abogado de la plaza. Se trata del penalista Juan Carlos Manríquez, quien mantiene entre sus clientes al exdirector de la PDI Sergio Muñoz, al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue y a la excandidata a gobernadora Karina Oliva, entre otros.
Bajo esa causa, como comenta el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, se debe despajar si la ministra incurrió o no en delito de revelación de secreto, y desde ya adelantó que enfrenta un escenario complejo.
“Los hechos que se han conocido son gravísimos y podrían ser constitutivos de delito. La mantención de Vivanco en la Corte era insostenible y por ello es una buena decisión que se le haya suspendido”, sostuvo el profesional.
Por su parte, la abogada Catherine Lathrop manifestó que “las comunicaciones sostenidas con el abogado Hermosilla, al menos, son indiciarias de que hay conductas alejadas de la probidad. De esta forma, aparecen como relevantes ciertas figuras penales, las que por cierto deben ser previamente investigadas, pues pese a lo evidente de las comunicaciones incautadas, sigue rigiendo la presunción de inocencia. Así, el Código Penal sanciona con una pena de hasta 3 años al juez que revele los secretos del juicio o dé auxilio o consejo a cualquiera de las partes interesadas en él. A su turno, las figuras de cohecho –dependiendo de cuál sea la hipótesis– podrían llegar a penas de hasta 10 años, siempre y cuando se den los requisitos que el legislador establece para la configuración de estos delitos, propios e inherentes a los funcionarios públicos”
“De esta forma, una cosa es la acusación constitucional que se ha esbozado y otra una investigación penal, pues ambas tienen distinta naturaleza, siendo esta última la más grave, pues puede acarrear penas de cárcel efectivas. Como usuaria del sistema procesal penal, estimo que debe hacerse todo lo necesario para erradicar de las resoluciones judiciales los amiguismos, influencias, etc., pues en un Estado democrático de derecho la igualdad ante la ley es clave, y por ello se debe indagar cueste lo que cueste para devolver la legitimidad del sistema judicial”, complementó la penalista.
PUC SUSPENDE ACTIVIDADES DOCENTES DE VIVANCO
Este lunes, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC) suspendió de actividades docentes a la profesora –y ministra de la Corte Suprema- Ángela Vivanco, tras la controversia que ha ocasionado las revelaciones tras un reportaje de Ciper en el caso Audio y que la involucran en solicitudes de favores mutuos con el abogado Luis Hermosilla.
Al respecto, desde la casa estudiantil emitió una declaración en la que se señala que la decisión fue adoptada “en atención a los graves hechos de público conocimiento”, medida que comenzará a regir a contar de hoy 9 de septiembre de 2024.
Cabe señalar que la magistrada impartía en la sede emplazada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 340 los cursos de Derecho Político, Instituciones del Estado de Derecho Chileno, Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, Bioética y persona.
Desde la institución se precisó que “sin perjuicio de que estos antecedentes deberán ser conocidos en las instancias correspondientes, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile reafirma su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión, indispensables para la efectiva vigencia del Estado de Derecho”.
La ministra de la Corte Suprema fue además suspendida este lunes de sus funciones en el máximo tribunal por seis hechos en los que estaría involucrada, y se abrió un cuaderno de remoción en su contra.
Asimismo, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación en contra de Vivanco, por hechos que eventualmente podrían revestir carácter de delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho y prevaricación judicial.
FISCALIA ABRE INDAGACIÓN
El fiscal nacional, Ángel Valencia, comunicó este lunes que designó a la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer para investigar los hechos que involucran a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tras las revelaciones que hizo Ciper en el caso Audio y que involucran al abogado Luis Hermosilla en solicitudes de favores mutuos con la magistrada.
Desde el ente persecutor se indicó que esta medida se adoptó por “diversas irregularidades que se habrían cometido tanto en la tramitación como en el conocimiento de un recurso de protección presentado ante la Corte Suprema, cuando la ministra de dicho tribunal, doña Ángela Vivanco Martínez ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema”.
EL CASO
Cabe señalar que lo anterior se refiere a las “irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de Consorcio Belaz Movitec SPA con Codelco”, que fue uno de los seis hechos en los que estaría vinculada Vivanco, por lo que el máximo tribunal del país le otorgó un plazo de 20 días informar al respecto.
El caso alude a un fallo de principios de julio de 2023 que ordenó a la minera chilena a devolver maquinarias y fondos retenidos por sobre $11 mil millones al Consorcio Belaz Movitec (CBM), conformado por Movitec y Belaz, una empresa estatal de Bielorrusia, en el marco de un litigio por el proyecto Rajo Inca para extender la operación de la División El Salvador.
El episodio estalló el 1 de febrero del año pasado, cuando la minera estatal chilena decidió rescindir el contrato por “el atraso en las obras e incumplimiento reiterado de las estipulaciones contractuales” y ejecutó el cobro de cuatro boletas de garantía por más de $11.429 millones.
Cinco meses después, la Tercera Sala del máximo tribunal falló acogiendo un recurso del consorcio y ordenó a Codelco “poner fin inmediato a la retención de los fondos”.
Según había revelado El Mostrador, la causa fue vista cuando Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la sala. Además, se dispuso que la estatal devolviera 78 equipos al consorcio, entre los que se cuentan excavadoras, bulldozers y 34 camiones mineros de 300 y 100 toneladas.
Al respecto, el fiscal nacional indicó que los hechos que eventualmente podrían revestir “carácter de delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho y prevaricación judicial”
“De momento, lo que se ha planteado es que podría ser eventualmente un delito de tráfico de influencias, pero también un delito de prevaricación judicial. Pero en la medida en que la fiscal Wittwer avance y escarezca los hechos tal como ocurrieron, es posible que estas calificaciones jurídicas varíen, se confirmen. Es una investigación que se está iniciando”, dijo Valencia en CNN Chile.
Asimismo, adelantó que “hay una consideración ya de que es una nueva investigación que afecta a una ministra de la Corte Suprema. Nos parece más apropiado que también cuente con un equipo de apoyo especial de fiscales y así lo hemos también dispuesto, no necesariamente de su Fiscalía”.
Desde el Ministerio Público se indicó que la fiscal a cargo ya se encuentra trabajando con su equipo “los diversos lineamientos para designar un equipo y materializar diversas diligencias investigativas que permitan esclarecer los hechos ya mencionados”. (Emol La Tercera)
