El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda en contra de 10 condenados en el denominado caso MOP-Gate para exigir el pago de millonarias multas. Esto, pues a la fecha aún no han pagado las sumas de dinero a las que fueron condenados en sede penal. Entre los demandados están Héctor Peña Véliz, dueño de la empresa Gate; el exjefe de finanzas del MOP Sergio Cortés Castro y Óscar Araos Guzmán.
Se trata de una demanda de juicio sumario que busca el cobro en pesos de las multas que impuso la justicia penal a 10 condenados por el caso de corrupción que afectó al Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos e involucró a la empresa Gestión Ambiental y Territorial Sociedad Anónima (Gate S.A.). En sencillo: según acreditó la justicia en ese entonces, el MOP pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que no se realizaron y al mismo tiempo la empresa Gate recibía pagos por autopistas concesionadas.
En el escrito -presentado el 6 de abril-, la procuradora fiscal de Santiago, Ruth Israel López explicó al tribunal que el 30 de junio de 2010, la ministra en visita Gloria Ana Chevesich dictó sentencia condenatoria en contra de 12 personas, acogiendo la demanda civil. Justamente esta última acción tramitada en el Décimo Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago condenó a los involucrados a pagar en total $ 3.962 millones al Fisco de Chile, más los intereses y reajustes.
Entre los condenados figuró el exministro de Obras Públicas Carlos Cruz ($ 799 millones), exjefe de Finanzas de la Dirección de Concesiones de Obras Públicas Sergio Cortés ($ 777 millones) y el dueño de la consultora Gate, Héctor Peña Véliz ($ 777 millones). Además, Óscar Araos ($ 543 millones), quien fue acusado por la ministra Chevesich de idear “el ardid de abultar el precio” de 13 consultorías para obtener dinero para sobresueldos. A ellos se suman Héctor Quiroz Astorga, exinspector fiscal del MOP ($ 350 millones) y la exdirectora de planeamiento del MOP Dolores Rufián ($ 307 millones).
En la sentencia también fueron condenados Ramón Silva ($ 57 millones), Luis Antonio Jara ($150), Eduardo Bartholin ($ 21 millones), Gonzalo Castillo ($ 21 millones) y Nassir Sapag ($ 21 millones).
Según la presentación del CDE, “el fallo estableció que la condena era solidaria con los otros condenados, por cada uno de los episodios en que intervinieron”. El asunto es que el caso siguió avanzando: el 11 de agosto de 2014 la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia. Luego, el 28 de junio de 2016 la Corte Suprema acogió recursos de casación y dictó una sentencia de reemplazo. El cúmplase se dictó el 21 de julio de 2016. Es decir, recién a contar de esa fecha la condena civil quedó ejecutoriada, siendo los condenados derrotados totalmente en el proceso judicial.
La demanda del CDE consignó que “los condenados señor Carlos Enrique Cruz Lorenzen y la señora María Dolores Rufián Lizana extinguieron solo la parte, cuota o porción que les correspondía en la condena solidaria, manteniéndose respecto de los otros obligados la solidaridad en todo lo no cubierto por estos, en conformidad con el Artículo 1516 del Código Civil”. Consultado el exsecretario de Estado sobre el caso, declinó efectuar comentarios, aunque confirmó haber pagado.
En esa lógica, el CDE explicó que lo que corresponde es reducir del monto total ($ 3.962 millones), considerando la parte cancelada por el exministro del MOP y la exfuncionaria pública. Por lo tanto, el monto que sigue impago después de más de 10 años de originado el caso asciende a
$ 2.282 millones.
“Hasta la fecha, los demandados no han pagado las sumas de dinero a la que fueron condenados en sede penal, por lo que es procedente ejercer la presente demanda ordinaria de cobro de pesos”, consignó el mismo documento, aclarando que de los 12 condenado sólo dos han pagado.
Actualmente sólo uno de los demandados ha contestado la demanda del CDE. El 5 de mayo, Héctor Peña (ex PS) presentó sus descargos, asegurando que no podía pagar por el daño reputacional que le generó el caso y porque tiene una enfermedad que le impide trabajar.
En su escrito de contestación de cuatro páginas, el exdueño de la consultora Gate -que no cuenta con abogado- sostuvo que el juicio por el denominado caso MOP-Gate se inició en el año 2000 e insistió en que “no hubo enriquecimiento personal de los demandados”.
“La larga tramitación, la compleja calificación que los medios de prensa y la opinión pública dieron a este caso, como un caso emblemático de corrupción y la comprensible indignación ciudadana han tenido efectos devastadores sobre mi realidad social y laboral posterior al caso. Las penas accesorias de pago de multa y sobre todo la prohibición absoluta y perpetua de ejercer cargos y oficios públicos agravan este hecho”, sostuvo en su contestación.
“Sin la posibilidad de laborar en el sector público y con el sector privado cerrado por la naturaleza del caso, no he tenido la posibilidad de generar bienes que permitan pagar esta gravosas sumas. Esta situación se ha visto agravada por las evidentes afectaciones que por el estallido social y la pandemia ha sufrido nuestro país. Se agrega un deterioro de mi salud por la detección de una grave enfermedad que limita seriamente mis posibilidades de trabajar”, añadió.
Por otra parte, el SII no reconoció como gastos necesarios para producir renta aquellos montos mencionados en la sentencia. Es decir, los honorarios adicionales que se pagaron a los funcionarios de la Coordinación General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. “Este hecho significó mi absoluta quiebra económica”, aseguró el empresario.
“En el caso del SII, los diferentes procesos de búsqueda de pago terminaron con la declaración de imposibilidad de cobro por no existir bienes sobre los cuales realizar la ejecución”, remató. (La Tercera)
