El régimen de Nicolás Maduro rechazó este viernes lo que calificó como una «ridícula maniobra» de Chile de entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. El homicidio y secuestro del exteniente opositor al régimen, ocurrido en febrero de 2024 en ese país, es considerado por Caracas como un «caso aislado» que ha sido «alimentado de patrañas».
A través de un comunicado, el chavismo expresó su categórico rechazo a la «absurda farsa» que el «decadente» gobierno chileno pretende «montar» en el tribunal de La Haya.
El comunicado asegura que la información entregada está «basada en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad».
El documento dado a conocer por el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, consignó que «la CPI no es un tribunal que ventila las fábulas fantasiosas de imberbes politiqueros ni un escenario para montajes mediáticos».
Esa acción, según Caracas, «no solo carece de fundamentos jurídicos, sino que se sostiene en un odio vicioso contra Venezuela, evidenciando la desesperación por complacer agendas que les ordenan desde los EE.UU. que buscan erosionar la soberanía de los Estados».
«Chile, en lugar de prestarse para maniobras vergonzosas, debería enfocarse en sus propios y graves problemas internos, incluyendo la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo mapuche y la represión de la protesta social», agregó el comunicado.
La crítica desde Venezuela ocurre mientras que el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, se reúnen en La Haya con autoridades de la CPI para entregar información sobre el crimen y sus sospechas de una posible «motivación política».
Según Valencia, los antecedentes «más que contundentes» van a «compartirlos con las autoridades de la CPI para que puedan sumarlos en la investigación que ya están llevando a cabo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela».
Ojeda, disidente del chavismo y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 desde su domicilio en Santiago por un grupo de hombres vestidos como agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la ciudad, en un campamento, y sepultados bajo un bloque de concreto.
Hasta ahora, se han identificado, al menos, 16 personas como participantes del asesinato, siete de las cuales se encuentran detenidas en el país. Otros dos sospechosos están en Colombia y dos más en Estados Unidos, todos ellos en proceso de extradición a Chile.
«MENTIROSO COMPULSIVO»
El diputado Miguel Ángel Becker (RN), que lideró la comisión investigadora en la Cámara apropósito del crimen del exteniente Ojeda señaló que «lo de Venezuela y Maduro ya no resiste análisis. Es un mentiroso compulsivo y lo seguirá siendo».
Agregó que «todas las investigaciones indican que la dictadura venezolana está tras el crimen del ex teniente Ojeda. Los nexos con el tren de Aragua, cercanos a Maduro, el modus operandi y las investigaciones de nuestras policías e instituciones internacionales lo acreditan. Ya no nos debería sorprender nada del dictador, aunque el Partido Comunista en Chile lo siga avalando«.
Asimismo, el diputado Cristhian Moreira (UDI), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores señaló que «el crimen de Ronald Ojeda es un asunto de Estado. Por lo tanto, las acciones que está llevando a cabo Chile en La Haya, responden a acudir a las instancias pertinentes para zanjar la motivación que hubo tras este asesinato. Como en Venezuela no hay justicia ni democracia, no entienden y critican el actuar de Chile en base a mentiras y acusaciones espurias«.
Por su parte, el parlamentario Raúl Soto (PPD) dijo que «la acción de Chile es seria, se basa en los antecedentes que se cuentan en la investigación, y es relevante que la CPI tome conocimiento y se pronuncie. La respuesta de Venezuela no nos sorprende, pero Chile debe seguir adelante».
Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic (PL) dijo que «obviamente a un dictador como Nicolás Maduro le va a parecer ridículo lo que hace Chile de llevar estos antecedentes ante la Corte Penal Internacional. Pero es un deber de nuestro Estado llevar estos antecedentes del caso Ojeda para que se persiga penalmente a quien ya definitivamente se gradúa de dictador. Luego incluso de cometer estas atrocidades en otros países como Chile, violando nuestro territorio y nuestra soberanía».
«Por lo tanto estamos obligados a que Nicolás Maduro, teniendo todos los antecedentes sobre la mesa por parte de la Corte Penal Internacional, en un futuro ojalá cercano, sea perseguido y encarcelado, como lo han sido otros líderes de dictaduras en el mundo que han terminado sus días en la cárcel. Esperamos que ese sea el destino de quien ha violado sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo, incluso ha extendido esa persecución a otros países, incluso llegando a nuestras fronteras», añadió.
La diputada independiente de la bancada del Partido Republicano, Catalina del Real acusó que la declaración «no solo es un intento desesperado por desviar la atención de los graves crímenes cometidos en Venezuela, sino que refleja su temor frente a la evidencia presentada. Chile, con total responsabilidad, ha aportado pruebas contundentes ante la Corte Penal Internacional que demuestran que el asesinato de Ronald Ojeda tiene claras motivaciones políticas. Como país, estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y no permitiremos que estos delitos queden impunes. Confiamos en que la CPI actuará con justicia, investigando a fondo este caso y sancionando a los responsables de estos atroces actos». (Emol)
