el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la difícil situación económica que viven 11 instituciones de educación superior en el país, de las que incluso se teme su cierre. El secretario de Estado descartó que tal estrechez financiera se deba a la implementación de la ley de gratuidad.
“No es la regulación arancelaria lo que ha generado problemas de financiamiento en estas instituciones. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de la Frontera hay un desorden administrativo y financiero por malas decisiones”, indicó Cataldo.
El ministro de Estado explicó sus dichos en virtud de un informe financiero de la Superintendencia de Educación Superior y remarcó que la política de gratuidad no es la responsable de la crisis en esas 11 entidades, en que estudian cerca de 60.000 alumnos.
«SERÍA EXTRAÑO CULPAR A LA GRATUIDAD»
“La Superintendencia esta semana entregó un reporte de salud financiera del sistema y la gratuidad no es algo que movido ni para mejor ni para peor la situación económica de las instituciones“, argumentó Cataldo y enfatizó que “sería muy extraño echarle la culpa a la gratuidad“.
Cataldo complementó que “he hablado con los rectores y ellos reconocen que no es esa la causa. Creo que hay que mirar en virtud de la autonomía de las instituciones de Educación Superior, que por cierto hay que cuidarla, cuáles son las decisiones que se están tomando y por qué estamos donde estamos”.
Consultado sobre la posibilidad de un eventual cierre en estas instituciones, el ministro no lo descartó de plano. “Esto puede terminar en un cierre eventual, pero la ley contempla que los estudiantes que ahí están deben ser reubicados para que terminen sus procesos educativos“.
En diálogo con Radio Pauta, el jefe de la cartera de Educación y militante del PC abordó también el llamado de algunas organizaciones estudiantiles vinculadas al Partido Comunista, a movilizarse y presionar al Gobierno para que entregue una solución a los alumnos afectados.
“Lo tomo como un antecedente de algo que incide bastante poco en el debate universitario y me parece que está mal orientado (…) No tengo idea de esta declaración, nadie me la ha consultado tampoco. El partido tendrá que revisar esto y si efectivamente representa la visión del partido“, dijo.
«DEUDA HISTÓRICA»
El pasado martes el Gobierno anunció el ingreso al Parlamento del proyecto de ley que busca pagar la llamada “deuda histórica” a los profesores. La iniciativa corresponde a una de las promesas de campaña de la actual administración, pero ha recibido cuestionamientos debido a su alto costo y sistema de financiamiento.
Ante esto, el ministro Cataldo explicó que “al ser un pago que se hace por una única vez, sale desde el Tesoro Público. No requiere tener un aumento de ingreso marcado, ya que no es un gasto permanente (…) El costo total del proyecto son alrededor de 280 mil millones de pesos en el marco de los 6 años“.
“Este es un proyecto que en una gran medida es de carácter financiero más que educativo, porque dice relación con una asignación que de manera arbitraria se le dejó de dar a los profesores durante la dictadura”, señaló el secretario de Estado.
Cataldo remarcó que esta “es una oportunidad para que el Estado cierre un tema que puede terminar siendo muy oneroso y enfatizó que no tiene “ninguna duda que esto se va a aprobar“.
EL LLAMADO PC QUE CATALDO DIJO QUE NO CONOCÍA
La declaración pública que el lunes en la noche emitieron conjuntamente el Partido Comunista y las Juventudes Comunistas sigue haciendo ruido en el Ministerio de Educación 48 horas después de su divulgación.
Y es que en ella no solo hicieron referencia a los despidos en las universidades públicas, “solidarizando con los trabajadores desvinculados y sus familias”, sino que señalaban que las desafectaciones evidenciaban “la precaridad laboral” y “el crítico financiamiento” en las casas de estudio. Por todo lo anterior, añadía el escrito, “llamamos a la movilización y al cambio estructural”.
“Urgimos a las comunidades universitarias a movilizarse triestamentalmente en defensa de la universidad pública, para detener los despidos y promover un debate nacional que permita reforzar el sistema de financiamiento público hacia un modelo basal”, añadían, al tiempo de instar a los trabajadores “a fortalecer la organización sindical, ya sea a través de asociaciones de funcionarios, académicos, profesores por hora o trabajadores honorarios”.
El escrito cerraba así: “Precarizar el trabajo universitario perjudica a toda la comunidad educativa. Es hora de actuar juntos”.
El gran pero de esta declaración pública, no muy distinta a otras similares del pasado, es que el llamado a movilizarse compete y afecta directamente a una cartera encabezada por un ministro del PC: Nicolás Cataldo.
De hecho, en el Mineduc aseveran que la publicación fue vista como un desacierto y una decisión apresurada que, si bien puede tener razón en parte del fondo del reclamo, la forma en que se planteó fue errada. Y que, además, incluye un diagnóstico equivocado, porque obvía que en muchos casos las crisis financieras en las universidades se han originado por mala administración y no por falta de recursos. “Estuvo muy mal pensado”, dicen en la interna de la cartera.
Lo anterior, incluso, llevó a que tanto Lautaro Carmona, presidente del PC, como Bárbara Figueroa, secretaria general, sostuvieran conversaciones al respecto con el ministro Cataldo, en una suerte de intento por aclarar la situación, llegando a establecerse que la declaración pública no fue algo consensuado en el partido.
Las miradas de distintos personeros del PC apuntan en ese sentido a la Comisión de Educación Superior de la colectividad, comandada por Alexis Cortés, como posible idearos del texto.
Desde el partido cuentan que si bien el escrito refleja su mirada respecto de lo que está pasando en las universidades, las mismas fuentes inmediatamente refuerzan la idea de que no fue una instrucción de la dirección del PC, que no fue debatida en la comisión política y que tampoco se ha discutido el tema como tal en profundidad. Y que saben que generó ruido, al verse como una descoordinación.
De hecho, mañana sesiona la comisión política y, dicen importantes figuras del PC, es probable que ahí se toque el tema.
Otras personas cercanas a las instancias del PC que discuten temas de educación dicen que la declaración lo que hace es solidarizar con los trabajadores desvinculados, además de poner de manifiesto que el financiamiento vía voucher hay que repensarlo, que lo que se cuestiona es la decisión de los rectores implicados y que, concretamente, el llamado a movilización es amplio, no solo marchar, acción democrática que es vista como compatible con las políticas del Mineduc. (Pauta-La Tercera)
