Caval, a través de su abogado Antonio Garafulic (en la foto), presentó una solicitud en el Juzgado de Garantía de Rancagua para que levante la prohibición de cobrar el cheque por $2 mil millones que incautó el fiscal Luis Toledo la semana pasada. El defensor usó la figura legal de “audiencia de tercería”, para que el juez fije una citación, donde se analizará si corresponde o no que el Ministerio Público mantenga incautado el cheque, según consignó The Clinic Online.
Debido a esto, presentaron una querella en contra de los representantes de Caval “y contra quienes resulten responsables” de la venta de los terrenos, ya que desde la empresa Silca aseguran que al momento de realizar la venta de los predios ubicados en la sexta región daban por hecho que el caso estallaría en la prensa, interfiriendo en el cambio de suelo que se efectuaría en la zona, razón por la cual se invirtió en los terrenos.
El mismo medio publicó que pese a recibir la solicitud, el magistrado no resolvió nada al respecto y a más tardar mañana se debiera conocer la decisión. (El Dínamo)
