Después de que el pleno de la Convención les rechazara 39 artículos y medio de un total de 40, la Comisión de Medio Ambiente debió reformular la forma de trabajo y la propuesta que votarán en reemplazo del fallido informe original, desde este viernes a las 9:30.
Mientras que en el documento que llegó al pleno consideraba normas como una «revisión histórica» que reconozca las intervenciones humanas sobre la naturaleza y establezca una «verdad histórica en la vulneración de sus derechos»; el que llegará a la votación a fines de esta semana sólo contiene nueve normas.
La de los derechos de la naturaleza ahora establece que esta «tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad».
El punto sobre los bienes naturales comunes dice que «son elementos o componentes de la Naturaleza no susceptibles de apropiación» y el Estado deberá custodiarlos, «conservarlos, resguardarlos y administrarlos, asegurando una gestión participativa y democrática».
Sobre las autorizaciones para la administración de estos bienes, «estarán sujetas a causales de caducidad, revocación y a obligaciones específicas de conservación. No habrá derechos de propiedad sobre dichas autorizaciones», se lee en el nuevo texto.
Además, este consagra que «los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a los bienes naturales situados en sus territorios, en conformidad con los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte».
Asimismo hay artículos sobre los principios ambientales, acceso responsable a la naturaleza, crisis climática, y uno sobre los derechos de los animales. Ese último también sufrió varios cambios: ahora dice que «los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia». Antes reconocía igual su «sintiencia», pero además su «individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato».
«Este informe quedó bastante acotado. Logró consenso en cosas que son cruciales, como los derechos de la naturaleza. Obviamente me habría gustado que tuviera un contenido más desarrollado, sin embargo, creo que el contenido al que llegamos tiene mandatos claros, redacciones jurídicas bastante precisas, así que es un buen piso para seguir avanzando con los informes que vienen», aseveró Juan José Martín (INN) coordinador de la comisión de Medio Ambiente.
«Estamos bastante conformes con cómo quedó», sintetizó María Trinidad Castillo (Col. Socialista). «Prácticamente se llegó a un acuerdo exponiendo las ideas, viendo los puntos comunes y eso fue lo que se dejó como documento base. Dejamos lugar para que vayan indicaciones y que el pleno decida sobre lo que no estábamos de acuerdo», comentó.
«A mi modo de ver sigue teniendo normas muy complejas, tanto en derechos de la naturaleza como en la creación de una nueva categoría jurídica de bienes naturales comunes a todos. El segundo informe es más limitado en temas y en la extensión de los mismos, pero conserva algunos puntos que yo creo que son complejos«, difirió Rodrigo Álvarez (UDI).
NUEVA FÓRMULA
Cómo y por qué se pasó de 40 normas a nueve tiene que ver con la fórmula de trabajo que adoptó la comisión luego del «jueves al rojo» en el que se rechazaron prácticamente todo lo presentado. En ese entonces se había criticado que el Frente Amplio no estaba participando de la instancia, entre otras cosas, y en la fase final de las conversaciones antes de la llegada al pleno, se incorporaron informalmente a la comisión.
Aquello se profundizó para el trabajo del informe de reemplazo: el FA envió a la convencional Yarela Gómez en su representación, quien se coordinó en el marco de Apruebo Dignidad con otros colectivos como INN y el Colectivo Socialista.
Luego, confrontaron las propuestas en la comisión, y así se logró consenso sobre las normas que están incluidas en el nuevo informe.
Para los bloques siguientes intervendrán también Constanza Schonhaut (FA) y algún otro convencional de esa coalición que esté participando en la Comisión de Derechos Fundamentales.
Además, la comisión hizo el trabajo de revisar qué temas estaban siendo tocados por otras comisiones; y juntaron normas con tópicos parecidos en un solo artículo. «Eso resultó en que el número de artículos se redujera bastante, pero creemos que el número de temáticas exploradas no se reduce bastante porque los artículos que quedaron logran recoger los temas principales de los artículos anteriores«, sostuvo Martin.
No obstante, el pronóstico para este viernes es que hay al menos dos normas que deberían rechazarse en particular otra vez: la de bienes naturales comunes y la de acceso a la naturaleza.
«Nosotros concurrimos a por lo menos seis o siete normas y todas ellas cuentan con nuestro apoyo. Creemos que hay una estrategia respecto de bienes comunes naturales que hay que seguir discutiendo y eso significa rechazar en particular para dar ese margen de por lo menos tres días donde creemos que podemos concitar un consenso de 2/3 «, explicó Gómez.
¿Y los próximos bloques? Una vez superado el impasse del primer bloque de discusión, la comisión tendrá que abordar en particular materias sumamente complejas y que han despertado una ola de críticas en cuanto a su aprobación en general.
Se trata de las normas sobre el estatuto de la minería y otros bienes naturales, además de artículos relativos al modelo económico, libre competencia y más.
En ese contexto ya se visaron en general decenas de propuestas como una de la convencional de escaños reservados Isabel Godoy (pueblo colla), que plantea que «los minerales que se encuentren en los territorios indígenas se reputarán como tales, todo basado en la preexistencia de los pueblos y naciones originarias que tienen respecto del Estado. Estarán sujetas a la administración, uso y asignación que les entreguen los pueblos y naciones preexistentes de acuerdo al derecho de la libre determinación y a los territorios de los cuales son titulares».
Otra que termina con la propiedad de las concesiones mineras en la entrada en vigencia de la nueva Constitución; una que audita todos los tratados de libre comercio vigentes y retira a Chile del Ciadi; y otra que estipula que «merecerán especial protección, los sistemas evaporíticos continentales de Chile, incluyendo su biodiversidad y sus usos ancestrales».
La comisión, de hecho, ya terminó la discusión en general de estas normas. El siguiente paso es la votación en particular, en la que se pueden ingresar indicaciones y se vuelven a votar. Solo las que pasen esa vara llegarán al pleno.
En ese segundo informe, según Álvarez, llegaría «una enorme cantidad de normas que creo que son absolutamente extremas y equivocadas, como la nacionalización de las mineras, forestales, sanitarias; la limitación de los tratados de libre comercio de Chile, su eventual denuncia, como la caducidad de derechos. Creo que significarían un golpe gigantesco para Chile, para el trabajo de los chilenos y su posibilidad de desarrollo», alertó.
No obstante, el coordinador Juan José Martin aseguró que el trabajo que se hizo para el informe de reemplazo debería repetirse en las propuestas de los siguientes bloques. Por ejemplo, el FA, INN y el Colectivo Socialista lograron aprobar en general una norma presentada sobre el estatuto minero que esperan que se use «de base» para un consenso sobre ese tema.
«Espero que exista priorización respecto de esas materias, mas no moderación en el proceso de transformación. Pero sí que ese sea un consenso lo suficientemente amplio para que ojalá todos los sectores políticos se sientan llamados a apoyar en un plebiscito de salida», agregó Yarela Gómez (FA). (Emol)
