Con preocupación ven desde el sector agrícola nacional la aprobación ayer por parte del pleno de la Convención Constitucional de las normas sobre el derecho de propiedad de pueblos indígenas, protección, restitución y reparación de tierras. Sobre la propiedad indígena, lo aprobado plantea que el Estado reconoce y garantiza «el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos».
Agrega que «la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección». Para ello, establece que el Estado fijará los «instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución».
Respecto a lo último, enfatiza que «constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general». Asimismo, en su inciso final plantea que «los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva».
Dicha redacción fue criticada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, quien sostuvo que «con esto, todo el territorio chileno queda bajo cuestionamiento de propiedad, generando tensión e incerteza y desigualdad ante la ley según origen étnico».
«Las ciudades y los sectores rurales basan gran parte de su economía en la agricultura exportadora, que se ha desarrollado en terrenos adquiridos de forma regular y en Estado de Derecho», recalcó. A su vez, agregó, «el agro y sus campos han generado grandes oportunidades a los trabajadores y su entorno».
Allendes también cuestionó otra de las disposiciones aprobadas y que tiene que ver con la expropiación. «El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo previo del bien expropiado», señala la redacción, la que, a juicio del presidente de la SNA, es «mala y vaga».
«¿Quién y cómo se define el precio justo? ¿En cuánto tiempo será el pago y de qué forma? Son muchas las incertidumbres que dejan estas normativas que debilitan el derecho de propiedad.», concluyó.
Por su parte, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, expuso que «creemos que lo aprobado ayer en la Convención Constituyente no protege la propiedad privada y genera una incertidumbre jurídica enorme, ya que bajo la nueva normativa cualquier tierra que perteneció a pueblos indígenas podría ser expropiada«.
«Nos preocupa cuál es el criterio que se ocupará en la expropiación y cómo se determinará que eran tierras de pueblos originales. Más allá del precio justo que propusieron, consideramos que esta iniciativa terminará perjudicando a miles de emprendedores, agricultores y a mipymes forestales en la macrozona sur, afectando con esto las certezas respecto a la inversión», cerró.
«RESTITUCIONES» FORZADAS: CASO WILD
Una querella para «responsabilizar al Gobierno» por daño material y psíquico anunció este jueves Otto Wild, dueño de la casa patronal incendiada la madrugada del miércoles al interior del Fundo San Miguel, terreno que permanecía tomado desde fines de marzo.
En conversación con radio Cooperativa, Wild afirmó que «tenemos un muy buen abogado, vamos a presentar una querella para responsabilizar el Gobierno, y el Gobierno tiene que ver cómo indemnizar. Porque una cosa son los daños materiales, pero mucho más grave es el daño psíquico para nosotros, para nuestra gente, hasta para los perros que sufrieron por esto».
El mismo miércoles, la delegada presidencial de la región, Daniela Dresdner calificó el hecho como «extremadamente graves y lamentables», y anunció una querella por el delito de incendio; siniestro que no se pudo evitar pese a que el fundo se encontraba con resguardo policial debido a la toma que protagonizaban hace seis semanas algunos miembros de comunidades mapuche.
De hecho, Wild tampoco se explica cómo ocurrió el ingreso del grupo de encapuchados al lugar para efectuar el ataque, puesto que esa madrugada «sí estaba Carabineros con una patrulla doble, pero no sé cómo pudieron entrar, eso es una investigación de la PDI».
«ALGUNOS TRABAJARON CON NOSOTROS»
El dueño de la propiedad que habitaba hace más de 45 años con su familia de origen suizo, hizo un relato cronológico de cómo se gestó la toma hasta el reciente desenlace.
«Cuando la tomaron, nos dieron tiempo de tres semanas para despejar todo, para que sacáramos lo que quisiéramos, les entregáramos el fundo y que nos fuéramos«, relató Wild.
De hecho, aseguró que la toma incluyó izamiento de una bandera, robo de madera del aserradero y destrucción de las cámaras del lugar. «Al principio era una carpa, pero luego hicieron una especie de edificio (construcción), además bloquearon el portón principal, de manera que no podíamos entrar», complementó.
Wild también descartó que hubieran existido reclamaciones de comunidades indígenas por las tierras donde está emplazado el fundo, e incluso afirmó que mantenían buenas relaciones «con quienes son nuestros vecinos, algunos trabajaron harto tiempo con nosotros, nos ayudaron con la cosecha, entonces no podemos entender cómo de repente cambian de idea».
Según comentó, algunos de los trabajadores de la familia conocen a quienes habrían protagonizado el ataque e incluso les facilitaron un listado con algunos nombres, «pero como venían encapuchados, nosotros no sabemos quiénes son«.
Por ahora, la familia está analizando cómo recuperarse de las pérdidas, en lo que Wild reconoce «como una situación muy difícil (…) No puedo decir cómo vamos a seguir, sólo sé que mi hijo está tratando de organizarse con un colega para tener un ingreso».
Esto, porque además descartó continuar trabajando la tierra en el fundo -que al momento del ataque estaba lista para sembrar-, puesto que además recae en la familia la sensación de vivir en un contexto de amenaza. «Nadie quiere arriesgar su vida y tampoco quiero que mis trabajadores lo hagan», zanjó. (Emol)
