El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó presentar una querella en contra del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por fraude al Fisco, designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal y negociación incompatible, a más de un año de que estallara el escándalo por corrupción al interior de la municipalidad.
La decisión fue tomada por los consejeros el pasado 11 de diciembre en base a «la gravedad de los hechos materia de la investigación, que pudieran ser constitutivos de delitos, y la eventual intervención en ellos de funcionarios públicos».
La acción judicial estará dirigida en contra del jefe comunal y otros funcionarios municipales, confirmó Cooperativa.
La Fiscalía Sur indaga, entre otros puntos, supuestas irregularidades en la contratación de personas que no prestaron servicios y que habrían estado ligadas al narcotráfico, otros que recibían sueldos dobles y contratación de familiares.
El concejal David Cabedo expresó que «esto lleva más de un año en que aparentemente, ante la opinión pública, no habría pasado nada; por lo tanto, me parece bastante positivo que las instituciones que les corresponde hayan tomado la decisión y materialicen el acuerdo al que llegó el CDE».
«Como concejal, he estado esperando y creo que muchos vecinos y vecinas de la comuna han estado esperando, porque aquí como que todo quedó en una suerte de nada», manifestó,
TARDANZA EN FORMALIZACIÓN
Cabe recordar que, en 2017, el fiscal Víctor Núñez allanó el municipio y ahora está a la espera de un informe de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI para definir la eventual formalización.
Sobre la tardanza respecto a esto último, el querellante Mauricio Carrasco expresó que «ya ha pasado un año, han pasado varias personas en calidad de testigo y realizando declaraciones en la Fiscalía y aún no se realiza una audiencia de formalización de cargos, sabiendo también que tanto la investigación que hizo Informe Especial, como también las pruebas que nosotros aportamos como querellantes, son -a nuestro juicio- suficientes para individualizar a personas como responsables de ciertos delitos».
El alcalde Aguilera renunció a su militancia en el Partido Socialista a raíz de este caso y, posteriormente, el Tribunal Supremo de la colectividad lo expulsó. (Cooperativa)
