Más de 30 querellas ha presentado hasta la fecha la «fiscalía popular» de Cerro Navia. La iniciativa, patrocinada por la municipalidad de dicha comuna, lleva casi nueve meses de funcionamiento y ha atendido cerca de 600 personas por distintos delitos, entre estos abusos sexuales, violaciones, robos, homicidio, lesiones, amenazas, violencia intrafamiliar entre otros.
Así, se entrega asesoría y representación judicial gratuita a los vecinos de Cerro Navia, y mantiene contacto permanente con el equipo de seguridad municipal a través del número telefónico 1460.
La conforman el abogado penalista Ramón Sepúlveda, el ex defensor público Patricio Soto, y Mariaemilia Moreira, que tuvo un paso por el Ministerio Público.
«Lo que se busca con la fiscalía popular es que las personas que no tienen los recursos para contratar un abogado particular que ejerza el rol de querellante, tengan el mismo acceso a un abogado especializado en derecho penal que los ponga en igualdad de condiciones al ser víctima de un delito, lo que se consigue justamente con este programa impulsado por el alcalde Mauro Tamayo», explicó Sepúlveda.
La necesidad de contar con una fiscalía popular volvió a la discusión con el caso de Ámbar Cornejo, la adolescente de 16 años fue buscada por más de una semana en Villa alemana, hasta que sus restos fueron encontrados enterrados en la propiedad de Hugo Bustamante.
El hombre, en tanto, había sido condenado en 2005 por el asesinato de su entonces pareja y el hijo de esta. En 2016, cuando llevaba 11 de los 27 años de presidio impuestos, salió de la cárcel luego que se le otorgara el beneficio de libertad condicional.
Familiares de aquellas víctimas lamentaron la falta de representación adicional en el caso, mientras que diputados de distintos sectores se han manifestado a favor de la creación de lo que han llamado «la defensoría de las víctimas».
El penalista planteó además la posibilidad de que el programa se extienda a más comunas, aunque para ello «debe haber voluntad de las autoridades y entender que el acceso a un abogado especializado en ciertas materias es algo de difícil acceso, ya que los costos asociados son altos».
«Lo clave acá es entender que la desigualdad social se da en todos los ámbitos, incluyendo la situación de tener un abogado que te represente cuando fuiste víctima de un delito. Imagina lo complejo que es ser víctima de una estafa, de amenazas, de un familiar que fue asesinado o un hijo que fue abusado y tener que además pagar un abogado que te represente», agregó.
La situación, acotó Sepúlveda, «no se trata que el trabajo del Ministerio Público sea insuficiente»: «Lo que ocurre que esta institución a través de los fiscales, representan los intereses de la sociedad, que no siempre coinciden con los de la víctima en específico«.
CASOS
Entre los casos seguidos por la fiscalía popular se encuentra aquel que llevó a la formalización de funcionarios policiales por apremios ilegítimos, homicidio frustrado, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y daños a vehículos fiscales.
Los imputados habrían atacado a menores de edad y falseado información para justificar el hecho contra los afectados, uno de ellos de 10 años de edad, quien terminó con una herida a bala que perforó su pulmón.
También se representa a una vecina que resultó con una lesión ocular que implicó la pérdida de la vista de manera irreversible en uno de sus ojos, y a la madre de un menor que fue medicado erróneamente, configurándose una negligencia médica. El niño sufrió una intoxicación y fue internado en la UCI.
De igual forma existe hoy una causa con dos imputados formalizados por lesiones a un hombre que fue agredido en una marcha por el «Rechazo» cuando se iba camino a su casa. La que se suma el caso de una niña que sido objeto de abuso sexual por parte de su abuelo. (Emol)
