El fiscal nacional Sabas Chahuán se refirió esta tarde a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) respecto a suspender cualquier medida intrusiva relacionada a la arista SQM tras el requerimiento del ahora ex gerente de la empresa, Patricio Contesse, asegurando que la solicitud del Ministerio Público se enmarca dentro de los derechos que el ente persecutor penal tiene para perseguir delitos.
«No estamos de acuerdo con el requerimiento», reafirmó, enfatizando que «nuestros argumentos los vamos a hacer valer en la audiencia que se nos ha citado la semana que viene», en alusión a la instancia programada para el 25 de marzo donde se discutirá la admisibilidad del requerimiento.
A ello, precisó, «como Fiscalía estamos convencidos de que no nos hemos excedido de nuestras facultades, porque la investigación que dirigimos no es solamente por delitos tributarios sino que también por otros delitos del Código Penal como otras defraudaciones o apropiaciones indebidas».
«Nos hemos ceñido a las facultades legales», reiteró, recalcando que «la Fiscalía va a seguir ejerciendo su labor constitucional, lo que la constitución nos obliga -y a los que nos hemos dedicado- que es dirigir las investigaciones de los delitos que entran en conocimiento en nuestra institución, adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y testigos y ejercer la acción penal en su momento».
Por último, aclaró que luego que la empresa minera no metálica en cuestión entregara información contable al SII y no al Ministerio Público -como se comprometió hace una semana- el ente fiscalizador podría eventualmente facilitar los datos requeridos a la Fiscalía y que tienen relación con la información contable entre los años 2009 y 2014.
DILIGENCIA
Ayer, el abogado Samuel Donoso, que representa a Contesse -desvinculado este lunes de la firma-, presentó un requerimiento ante el TC con el objeto que frenar cualquier medida intrusiva fundamentado en la inaplicabilidad por inconstitucionalidad que -a su juicio- existe en la actuación del Ministerio Público al solicitar información reservada a la minera sin una querella o denuncia por parte del SII.
La acción fue interpuesta como una medida más para dilatar la entrega de los datos comprometidos por la firma con los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias luego que el 8° Juzgado de Garantía declara inadmisible la cautela de garantía de Contesse ingresada la semana pasada.
Ello, además, se suma a la negativa del directorio de SQM para entregar de manera voluntaria los antecedentes tendientes a aclarar la entrega de boletas ideológicamente falsas emitidas a nombre de la minera por la firma Reactor SPA. Esta nueva línea de investigación persigue establecer si dichos dineros habrían servido para entregar recursos a campañas electorales, entre ellas, la del ex alcalde y candidato a senador por Santiago, Pablo Zalaquett.
Por lo anterior es que la indagatoria también busca reunir información sobre las boletas emitidas por la cuñada del ex subsecretario Pablo Wagner -actualmente en prisión preventiva formalizado por cohecho, fraude tributario y lavado de activos- por servicios no prestados, además de datos sobre aportes que habría recibido Joaquín Lavín por la misma vía para su campaña senatorial.
El último antecedente que vincula a un político, sería el pago de 4,4 millones de pesos que SQM habría realizado en 2009 a Mariela Molina, ex asesora del senador socialista Fulvio Rossi. (Emol)
