En estos días la serie televisiva Chernobyl sobre el accidente nuclear en la ex Unión Soviética en 1986, acapara la atención de millones de personas en todo el mundo. Como se recordará, con ocasión de una explosión de hidrógeno, el núcleo del reactor quedó al descubierto, liberando al ambiente los isótopos radioactivos. Para controlar el peligro, se construyó una estructura de concreto y acero llamada “sarcófago”, que con los años resultó insuficiente para contener el desastre.
Traigo a colación esta serie pues en el último tiempo diversas materias inherentes a nuestro sistema judicial han comenzado a presentar deficiencias y existe la tentación de meterlas también en un sarcófago.
Durante años evitamos enfrentar estos problemas, en la creencia que algunas soluciones menores permitirían soslayar los mismos. Es así como frente a diagnósticos que muchos compartían en relación a la forma en que opera la formalización en el proceso penal y la paulatina erosión del principio de presunción de inocencia, se optó por ignorar las peligrosas señales. Solo ante sentencias absolutorias de los tribunales algunos han empezado a abrir los ojos. El desafío radica entonces en conjugar la formalización de una investigación, en cuanto acto de garantía que permite a una persona tomar conocimiento de la investigación penal, sin con ello afectar su presunción de inocencia.
Otro desafío importante es la proliferación de querellantes. En este sentido nuestro modelo acusatorio introducido en el año 2000, permitió la participación de querellantes particulares e institucionales a la par del propio Ministerio Público. Ello se ha traducido en la afectación de otro principio esencial del sistema, cual es la igualdad de armas, y con ello la garantía de debido proceso. La idea que subyace es que las partes deben poder debatir en igualdad de condiciones ante el respectivo Tribunal.
En su tiempo, el ex ministro de la Corte Suprema Carlos Cerda objetó la múltiple representación del Estado en una causa en que intervenían el SII, el Consejo de Defensa del Estado, y el propio Ministerio Público. En sus palabras, era inaceptable la persecución penal por parte de un Estado bicéfalo. Yo me atrevo a decir tricéfalo.
Finalmente, un tercer desafío es aquel que salió a la luz pública con ocasión de la disputa entre fiscales en Rancagua y La Araucanía. Todo el mecanismo de balances y controles del Ministerio Público enfrenta hoy un importante cuestionamiento.
Preguntas como ¿quién fiscaliza a los fiscales? o ¿cómo se los designa? parecen ser más atingentes que nunca. Aquí el desafío es enorme y no enfrentarlo correctamente importaría sentar las bases para un verdadero desastre que podría permear las bases del modelo de proceso penal que con tanto esfuerzo Chile ha desarrollado en los últimos 18 años.
La Tercera
