Durante las últimas semanas, la agenda mediática ha debido compatibilizar temas considerados permanentes (seguridad, economía) con un tema que va y viene, y que a veces alcanza niveles importantes de audiencia, pero después es prontamente olvidado, quizás hasta el nuevo escándalo: la probidad y los casos de corrupción, a propósito de las miles de réplicas que ha generado este terremoto llamado “caso audio”.
Particularmente, en los últimos días, la noticia ha estado centrada en los chats ventilados entre el abogado Luis Hermosilla y el ex fiscal Manuel Guerra, los que han sorprendido tanto por su extensión (Guerra ha contado detalles sabrosos de diversas causas que, en aquel entonces, se estaban resolviendo) como por lo vulgar y chabacano del contenido, especialmente cuando los personajes se han manifestado sobre diversas autoridades del país.
Si bien Guerra no ha sido condenado a nada, y por tanto, opera en su beneficio el principio de inocencia -un pilar fundamental de cualquier democracia- hay puntos que son insoslayables. Y cuando ciertos hechos se hacen evidentes, no podemos simplemente “hacernos los locos”. Por eso, no voy a pronunciarme sobre el fondo de las acusaciones que se investigan en torno al ex fiscal Manuel Guerra, porque eso pertenece al ámbito de los tribunales, pero sí quiero hacer reflexionar sobre ciertos puntos que han salido a la luz, y que resultan indefendible.
Un primer tema ultra comentado a esta altura, son las faltas de respeto flagrantes en los mensajes intercambiados entre Guerra y su interlocutor. Sin querer parecer tonto grave o pechoño (el que no haya usado garabatos o frases elevadas de tono en su WhatsApp, que lance la primera piedra), es tan alto el nivel de vulgaridad, que el tono no se puede minimizar por el simple hecho de ser “conversaciones informales”. El ex fiscal Guerra ha ocupado importantes cargos, tanto en el Ministerio Público como en universidades y municipalidades, y es evidente que mayor responsabilidad exige comportarse con integridad en todo ámbito. Un superior jerárquico me dijo alguna vez: “Todos los correos que mandas deberían ser filtrables”. Casos como este, demuestran que en la era digital, esta regla aplica también para los mensajes de WhatsApp.
Pero más allá de estas faltas de respeto, lo que me parece aún más grave es el rol que Guerra parecía jugar en estas conversaciones. Los mensajes revelados sugieren que actuaba como un informante para Hermosilla, lo que plantea serias dudas sobre la autonomía del Ministerio Público y el debido proceso.
Si un fiscal anda ventilando información confidencial sin más, estamos ante un problema que compromete no sólo la institucionalidad del Ministerio Público, sino que puede dañar gravemente la confianza pública en el sistema de justicia. Y cuando esa confianza se ve erosionada, las consecuencias son profundas y duraderas. Si a algo tenemos que ponerle freno, es a relativizar dinámicas como las de Guerra, que en la práctica funcionaba como informante de terceros. Si no hay un juicio transversal, severo y efectivo a este hecho, podemos terminar socavando aún más la confianza en las instituciones.
La confianza en el sistema judicial está en un deplorable estado: nueve de cada diez encuestados le pone una nota bajo 4 (encuesta Cadem publicada esta semana). Chile enfrenta desafíos complejos, pero uno de los más urgentes es restaurar la credibilidad en la justicia. Y para eso, no podemos permitirnos más episodios como este.
Lo que está en juego es, por tanto, la integridad de un sistema que debe ser imparcial y protector de los derechos de todos. Si permitimos que este tipo de conductas pasen inadvertidas, o se minimicen bajo la excusa de la privacidad o de “conversaciones informales”, estaremos aceptando un nivel de permisividad que puede resultar destructivo. Es por esto que Chile no puede permitirse, bajo ningún punto de vista, más Guerra. (El Líbero)
Roberto Munita
