Según los resultados de la Open Budget Survey 2017 (OBS) conducida por la Budget Partnership (IBP), Chile no ha hecho progresos importantes en los últimos dos años en transparencia presupuestaria. En Chile la medición es aplicada por investigadores de la Fundación Ciudadano Inteligente.
La medición deja al país en la categoría de naciones que entregan información limitada en materia presupuestaria, con un puntaje de 57 sobre 100, según informa Ciudadano Inteligente.
Esto pone a Chile sobre la media mundial (de 42 puntos), sin embargo, bajo los dos líderes de la región (Perú, con 73 puntos y Brasil, con 77) que entregan información considerable a la ciudadanía sobre el presupuesto del Estado.
109 indicadores sobre transparencia presupuestaria son medidos por el índice, evalúan si el gobierno central pone a disposición de la ciudadanía de manera oportuna ocho documentos claves, y si estos presentan información del erario público de forma útil y exhaustiva.
Chile está en el tercer lugar de transparencia presupuestaria general, pero tiene severas deficiencias en términos de participación ciudadana, quedando entre los últimos cuatro de la región, por debajo de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Bolivia.
Para Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadano Inteligente, “Chile se encuentra muy rezagado en participación presupuestaria, porque prácticamente no se conocen iniciativas al respecto. La participación permite que la ciudadanía se pueda involucrar de forma activa en la definición de en qué se utilizan e invierten los recursos públicos”.
“El presupuesto es el principal instrumento que tienen los Gobiernos para definir sus prioridades e implementar sus políticas y programas, y es ahí donde se definirá el sello del próximo gobierno”, indicó.
La vigilancia que se ejerce sobre el presupuesto también fue marcada como deficiente, pues Chile no cuenta con una institución fiscal independiente que cumpla este rol.
“Es fundamental fortalecer las capacidades técnicas del Congreso para servir de verdadero contrapeso al Gobierno de turno en la materia. Además, la Contraloría requiere de la capacidad para poder fiscalizar y hacer auditorias que vayan más allá de verificar si los gastos se gastaron de acuerdo a la ley, sino una que permita verificar que los gastos que se declaran sean efectivos y cuenten con los debidos instrumentos de verificación”, afirmó Schaeffer. (La Nación)
