Ayer domingo ya estaba confirmado que los parlamentarios de Chile Vamos presentarían una acusación constitucional contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, pese a que el sábado el Presidente Boric había oficializado su renuncia debido a la cadena de errores en la concesión de los trece indultos a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.
La acción constitucional, finalmente, se concretó este lunes. Y es que para los representantes de las bancadas de diputados y diputados de la coalición opositora, la renuncia de la exministra no la exime -según han señalado- de la responsabilidad política por la serie de “desprolijidades” en la aplicación de los trece indultos concedidos por el Presidente.
“Desprolijidades” que van desde la aplicación de indultos a personas acusadas de delitos graves previos al estallido social hasta un posible delito de prevaricación en la concesión del beneficio a Jorge Mateluna, según acusan desde Renovación Nacional, quienes incluso presentaron una acción penal en contra de la propia Ríos.
“Estamos presentando esta acusación constitucional como Chile Vamos, lo que muestra primero que hay una coordinación clara y que está la evidencia suficiente de que acá hay una ilegalidad e inconstitucionalidad clara, respecto al otorgamiento primero de los indultos, y segundo respecto a los beneficios penitenciarios otorgados en la Macrozona Sur”, señaló el jefe de los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton.
“Los indultos se otorgaron infringiendo la ley, es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que habían cometido graves delitos y se dejó expuesta a la ciudadanía producto precisamente de que no se consideraron los antecedentes, como los que hoy día reconoce abiertamente la ministra Vallejo”, complementó el diputado.
El libelo acusatorio -redactado por los juristas Max Pavez, Pablo Urquízar, Pablo Celedón y Jorge Mera- consta de de dos capítulos: el primero se enfocará en los indultos concedidos por el Presidente Boric; y otro abordará los beneficios otorgados -como traslados- a presos por el conflicto en la Macrozona Sur.
El texto será visto esta tarde en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y, según la tramitación de este tipo acciones constitucionales, se deberá sortear a los cinco diputados que revisen el fondo de la acusación, para luego entregar su opinión sobre el mismo.
Finalmente, los parlamentarios sorteados para integrar la comisión revisora fueron dos diputados oficialistas, Luis Malla (PL) y Carolina Tello (PC); y tres de oposición: Henry Leal (UDI), Benjamín Moreno (Republicano) y Álvaro Carter (Ind-UDI).
La causal que invoca el texto para acusar constitucionalmente a la exautoridad de Justicia es la supuesta infracción de la Constitución y las leyes en la que habría incurrido Ríos, a propósito de la serie de errores e incongruencias en la concesión de indultos. Conocedores de la argumentación señalan que se evaluó imputar compromiso de la seguridad de la nación como causal, considerando la liberación de condenados de extenso prontuario como el de Luis Castillo, o el traslado de comuneros de cárcel de Angol tras una denuncia de amenazas al alcaide de dicho penal. Ideas que finalmente fueron descartadas.
“Ya no se trata de Marcela Ríos, se trata de cómo van a seguir los tres años que les quedan, si se van a a atrever a indultar, si va a corregir lo que hoy día nos confirmó la declaración de la ministra Vallejo, si va a deshacer esos indultos y corregir lo que dijo la vocera, que nos dijo que estaban cumpliendo penas en sus casas. No, ministra, estas personas están libres, estas personas han anunciado en redes sociales que van a seguir delinquiendo”, espetó en el punto de prensa el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri.
Para el diputado Diego Schalper, secretario general de RN, la acusación constitucional no pierde legitimidad con la salida de Ríos, “porque se mantiene su principal fundamento, que es el daño que le están causando los indultos al país”.
“Si los indultos siguen en pie, la verdad que la acusación constitucional sigue teniendo pleno fundamento, vigencia y necesidad”, reafirmó su postura el diputado Schalper.
Por parte de Evópoli, el jefe de la bancada de diputados, Francisco Undurraga, señaló que el principal fundamento al que responde la acusación es “dejar sin ejecución las leyes, (…) la ministra también tiene que cumplir la ley y lamentablemente la ha incumplido”.
“Constitucionalmente, los ministros tienen hasta tres meses para poder ser acusados. Nosotros estamos ejerciendo nuestro deber fiscalizador, este es el motivo que nos reúne hoy a Chile Vamos, dado que encontramos coherentes las causales que estamos presentando y creemos y le hacemos un llamado al parlamento a que se estudie con seriedad esta acusación para que, efectivamente, no vuelva a ocurrir nunca más lo que esta sucediendo”, llamó el diputado Undurraga.
Hasta ahora, no existe certeza si la acusación concitará los votos suficientes para aprobar la acusación contra la extitular de Justicia, en Chile Vamos consideran relevante dejar precedente. Para los más convencidos de la acción, también es una forma de dar señales de una oposición activa, luego de varios meses -aseguran- siendo “obsecuente” con el Ejecutivo.
En todo caso, se espera que -además de Chile Vamos- la acción sea respaldada también por el Partido Republicano y por algunos parlamentarios del Partido de la Gente. No se descarta, tampoco, que algunos parlamentarios del Socialismo Democrático apoyen el texto acusatorio. (La Tercera)