Los jefes de bancada de Chile Vamos enviaron un oficio a la Cámara de Diputados -presidida por Raúl Soto- solicitando instaurar una comisión investigadora para “fiscalizar actos de gobierno relacionados a la ejecución de recursos fiscales para el funcionamiento de la Convención Constitucional”.
La acción es impulsada por Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli), con colaboración -dicen en la oposición- de los diputados de Renovación, Diego Schalper y Frank Sauerbaum.
Adicionalmente, los legisladores enviarán otro oficio, a la Contraloría General de la República, solicitando indagar también en el tema.
En el texto presentado en el Congreso, los legisladores de Chile Vamos piden fiscalizar “en específico, los actos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, designado por el Presidente de la República como órgano encargado de prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero requerido por la Convención, así como también los actos de cualquier otra entidad de la administración que haya sido destinataria de transferencias de recursos fiscales para realizar labores encomendadas por la Convención Constitucional”.
Además, buscan “indagar la pertinencia y legalidad de la inversión en difusión e información sobre el proyecto de nueva Constitución por parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno”. Esto, en alusión a la campaña “Hagamos historia” lanzada por el gobierno.
La pieza audiovisual se estrenó el sábado 28 de mayo y llama a los chilenos a hacer historia de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Fue ejecutada sin financiamiento adicional, con equipos propios de la Secom y en un esfuerzo interministerial al alero de la Mesa de Voto Informado. A dos días de su lanzamiento, directivas de Chile Vamos y el Partido Republicano ingresaron requerimientos a Contraloría acusando una presunta “intervención electoral” del gobierno.
En la solicitud que hacen de establecer una comisión investigadora, los diputados de oposición explican que el pasado 25 de mayo el gobierno anunció la inversión de $ 720 millones para la difusión e información sobre el proyecto de nueva Constitución a ser plebiscitado entre la ciudadanía en septiembre, “lo que debe evaluarse en función de las instrucciones que la Contraloría General de la República ha impartido ya respecto a la participación de funcionarios públicos y uso de recursos fiscales en relación con el denominado plebiscito de salida del proceso constituyente”.
“Este último desembolso se realizaría a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, siendo ineludible fiscalizar cuestiones referidas a la legalidad del gasto, y cómo se compatibilizará esta labor con las obligaciones de prescindencia política que deben informar el accionar de los funcionarios de la Administración del Estado”, advierten. (La Tercera)
