«No hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta. Eso sí sería contrario a todo estándar. La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social».
Con estas palabras, el relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, descartó que en las cárceles del país hayan presos de conciencia.
En entrevista con El País de España, y a poco más de cuatro meses de ser publicado el informe sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019, el comisionado visitó Santiago para establecer con el Gobierno de Gabriel Boric un plan de seguimiento a las recomendaciones que se hicieron en el documento que fueron dadas a conocer en enero del presente año.
En aquel informe se menciona, entre otras cosas, que hubo por parte de las fuerzas de Orden Público y policías un «uso desproporcionado de la fuerza». Frente a ello, algunas de las recomendaciones efectuadas por la CIDH, fueron reformar las policías y la «reparación a las víctimas«, puntos que son los de mayor «preocupación» para Hernández.
Al ser consultado por la situación de los derechos humanos en Chile, el comisionado puntualizó que, «la situación es que hay un grupo de personas que resultaron afectadas por el estallido social. Cerca de 400 personas fueron afectadas, la mayoría con lesiones oculares, que aún están en procesos de recuperación».
«Es uno de los temas donde se ve que las secuelas del estallido social siguen abiertas. Hay otros que aborda el informe relacionados a la agenda de derechos económicos, sociales y culturales, que son los que dieron origen al estallido y el posterior acuerdo político para la convocatoria de una convención constitucional», agregó Hernández.
Respecto a los resultados de ese informe, el relator aclaró que «la palabra presos políticos tiene una connotación específica: son personas que se encuentran detenidas en razón de sus opiniones políticas, religiosas y a las que se coarta su libertad en razón de ese posicionamiento personal».
Y frente a ello, Hernández aseveró que: «Aquí lo que observamos es que son personas detenidas que siguen procesos en razón de otras causas que se dieron en el marco del estallido, pero no hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta. Eso sí sería contrario a todo estándar. La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social».
En cuanto al debate en torno al proyecto de ley que busca indultar a presos de las revueltas, el comisionado fue claro al mencionar que «esa es una potestad del Estado, la de hacer valer leyes que permitan la liberación anticipada de las personas privadas de libertad».
En cuanto a si es recomendado aplicar aquel indulto, afirmó que: «mi comentario general es avanzar a una política que reduzca el número de personas en prisión y que sea limitada estrictamente a los umbrales que se justifican».
Finalmente, y ante la imagen que tienen las policías hoy en Chile, y sobre el trabajo de reforma, Hernández reconoció que se trata de «un reto enorme«, pues «la comisión observó hace dos años el deterioro en la percepción pública del cuerpo de Carabineros. Hubo una imagen negativa de su actuación y sin lugar a dudas es un trabajo que hay que realizar».
«Creo que una política de acercamiento público se ve reforzada cuando la actuación de la policía se hace respetuosa de los derechos humanos. En este ambiente de tensión, un exceso en el uso de la fuerza se convierte en un deterioro más de la imagen», zanjó. (Emol)
