Hace unos días el conocido Instituto Profesional Arcos, de varias décadas de existencia, gratuito y de acreditación avanzada, ha anunciado que su continuidad se ha hecho inviable, y que sus estudiantes de la Región de Valparaíso deberán terminar sus estudios en otra institución. La razón, transparentada por el rector, es una y simple: la pérdida económica que implica la regulación de aranceles que ha llevado a cabo la Subsecretaría de Educación Superior en el contexto de la gratuidad. La nueva regulación ministerial, ampliamente cuestionada por su arbitrariedad en varias instancias, implicó una pérdida de más de $3.300 millones para el instituto profesional, llevando a su cierre.
Es la tercera institución gratuita en anunciar públicamente su crisis financiera, y la primera en cerrar. El sistema de educación completo debe tomar nota de esto. No solo del hecho de que una decisión administrativa, sin posibilidad de apelación, puede llevar a su inviabilidad financiera sin más. También debe estar atento a que en el proyecto de condonación del CAE, pronto a presentarse, esta lógica de fijación de precios y vacantes se piensa hacer extensiva a todas las instituciones. Esta fórmula debe repensarse.
Daniel Rodríguez
Director ejecutivo Acción Educar
