Ciper: los potenciales conflictos de interés de nuevos ministros

Ciper: los potenciales conflictos de interés de nuevos ministros

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Tal como en el primer nombramiento de los ministros que conformarán el gobierno de Sebastián Piñera, hace 8 años, algunos nombres de su gabinete causaron resquemor tanto por su experiencia como por sus conexiones con el sector del que ahora estarán a cargo.

Es el caso de los ministros designados de Economía, Hacienda, Minería y Agricultura.

Esta es la lista de nombres y negocios, según información publicada por Ciper:

JOSÉ RAMÓN VALENTE

Director en empresas como Soprole, Transelec, Telefónica, Brookfield, Banmédica, Universidad del Desarrollo, Penta Vida, Club el Golf 50 y Cementos Bío Bío. También integra el directorio de Fundación Alter-Ego.

Con su esposa Verónica Stein Riedel, Valente es socio en las consultoras El Remanso y Los Peñascos, además de FAVAL SpA, la que aparece como su principal inversión: a noviembre de 2017 registraba un capital de $1.524 millones, según datos del Diario Oficial. Y junto a su padre y de su hermano es socio en Ramón Valente y Cía Limitada., empresa de construcción que ha firmado contratos con el Estado por $78,8 millones.

A través del trabajo de su empresa Econsult en el asesoramiento de varias compañías, ha conocido de primera mano la operatoria de diversos mercados.

En Econsult, figura tanto como socio en la matriz como en la filial de administración de fondos. Allí comparte negocios con Hernán Cheyre, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo; además de ser socios en Inversiones San Sebastián Limitada e Inmobiliaria Grupo Cuatro Mas Ltda.

Además participa, por sí mismo o a través de sus empresas, en las sociedades Garreaud y Valente (G & V Trading Limitada) constituida en 1988 con el director de empresas Sutil, Luis José Garreaud.

Economista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago, socio de la consultora Econsult y consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, asesor de empresas y experto en finanzas. Fue el coordinador económico de la campaña presidencial de Piñera.

Dentro de sus tareas ministeriales están cumplir la promesa de Piñera de generar una nueva Ley de Pesca, sector que conoce por sus asesorías a grandes inversionistas. Además de la reforma al Código de Aguas y la nueva Ley del Sernac.

FELIPE LARRAÍN

Larraín Bascuñán ha desarrollado casi todos sus negocios con su esposa, Francisca Cisternas Lira, y sus hijos. A través de Inversiones El Boldal el ministro y su familia participan en negocios inmobiliarios y de asesoría en inversiones.

Una de las inversiones más controversiales en las que participa Larraín es en el directorio de Viña Quintay. Durante su anterior administración en el Ministerio de Hacienda se impulsó un alza de impuestos a los licores de más de 41° alcohólicos, lo que excluyó al vino por su baja graduación (quedó con una tasa de 15%, en tanto el tributo para los licores de alta graduación se elevó a 27%).

El año pasado, tras la venta de las acciones de los socios, sólo quedaron en esta sociedad Alejandro Weinstein, Hernán Gómez y el propio Larraín.

Director del Centro de Políticas Sociales y Económicas (Clapes) de la Universidad Católica, organismo al que llegó tras el término del gobierno de Piñera.

Como parte de esta entidad, Larraín se convirtió en 2014 en parte del Consejo de Líderes para el Desarrollo Sustentable de la ONU y miembro del Consejo Asesor del Banco Mundial, que calcula el indicador Doing Business, que hace algunas semanas causó controversia por su supuesta manipulación.

Desde 2015, es asesor del Ministerio de Hacienda de Paraguay, donde propuso dos reformas que Chile aplicó hace una década: Ley de Responsabilidad Fiscal y un Fondo Soberano.

En 2016 fichó como director de Independencia, la mayor administradora de fondos inmobiliarios de Chile.

El futuro ministro de Hacienda posee 13 propiedades avaluadas en $ 966,7 millones. Sólo una tiene destino habitacional y las demás corresponden a predios agrícolas en Casablanca y en Río Claro (Región del Maule).

BALDO PROKURICA

Ha declarado participación en tres sociedades comerciales, una de inversión (Cavtat Limitada) y dos agrícolas (Longomilla Limitada y Konavle Limitada). En la primera figura como controlador, con el 90% de la propiedad. En las dos últimas tiene el 25% de los derechos de cada una.

Prokurica ha formado parte de la Comisión de Minería y Energía del Senado, instancia que incluso ha presidido, lo cual abre flancos de potenciales conflictos, ya que dos de las áreas más relevantes para el rubro minero son los eventuales cambios a la normativa sobre derechos de aguas y el impulso a nuevas fuentes de energía, sectores en los que tiene intereses.

A pesar de que a su nombre Prokurica no tiene derechos de agua, sí lo tiene una de sus sociedades: Agrícola Konavle, en la que el senador participa en partes iguales con tres hermanos.

Por esto, el senador Prokurica se ha inhabilitado en la tramitación de los cambios a la normativa del Código de Aguas.

Además, una de sus sociedades es propietaria de terrenos que se arriendan a tres proyectos de generación de energía eólica, por lo que también se ha inhabilitado en las discusiones de proyectos que fomentan nuevas fuentes de energía renovable en la Comisión de Minería y Energía.

Otro flanco que deberá enfrentar es que su hermano Nicolás –con quien comparte propiedad en la sociedad agrícola familiar– fue favorecido en julio pasado con una sentencia del Juzgado de Letras de Freirina que constituyó a su favor una concesión de explotación minera en un paño de 36 hectáreas en esa comuna.

ANTONIO WALKER PRIETO

Ha sido por más de tres décadas un exitoso empresario en el rubro de la producción y exportación de frutas.

De profesión técnico agrícola, con estudios en California, en 1988 fundó junto a su padre, Ignacio Walker Concha, la Agropecuaria Walker Prieto (Wapri), una de las más relevantes de la zona de Curicó y Talca.

Precisamente con esta empresa enfrentará un conflicto de interés, en el marco de la regulación de los derechos de agua, ya que Wapri aparece en el Diario Oficial solicitando la constitución de derechos en al menos cuatro ocasiones (desde 1990 a 2007) en las comunas de Teno y Río Claro. En total, Wapri, representada por Antonio Walker, ha pedido constituir o regularizar derechos por 279,8 l/s.

Wapri tiene constituidos tres derechos de aguas por un total de 160,45 l/s. El primero es de septiembre de 2001 en Río Claro, por 116,6 l/s; el segundo de diciembre de 2001 en Teno, por 30 l/s, y el último de abril de 2009 en Río Claro, por 13,85 l/s.

Ha sido presidente de la agrupación de exportadores Fedefruta, que busca promover la innovación tecnológica y mejorar el trato laboral.

Fue uno de los fundadores de Frutales Gestión 2000, un grupo de 14 empresas del sector que comparten experiencias de transferencia tecnológica, y de Corporación Pomanova, entidad que tiene una veintena de técnicos que fomentan innovación productiva en los campos. Su empresa Wapri cuenta con departamentos de prevención de riesgos y de asistencia social y bienestar, que promueve el acceso de sus trabajadores a redes de beneficios sociales.

Bajo su mandato en la cartera de Agricultura, Walker deberá impulsar el estatuto laboral de los trabajadores temporeros. (El Dinamo)

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