El Presidente Piñera dictó un decreto indultando a un condenado por violaciones a los derechos humanos y que, en condición terminal, cumplía condena en Punta Peuco; esto generó inmediata polémica, puesto que un sector político sostiene que los llamados “crímenes de lesa humanidad” están sometidos a un régimen punitivo especial, entre cuyas características debiera estar el cumplimiento efectivo de las condenas, sin que los presos puedan acceder a beneficios, ni siquiera los de carácter humanitario.
El punto es discutible. Por más que se reivindique la posición de algunos países y precedentes como el de Rudolf Hess, quien murió encarcelado en la prisión de Spandau a los 93 años de edad, es indudable que bajo ciertas circunstancias la cárcel se convierte en una pena cruel, un castigo de aquellos que el derecho define como inhumanos y degradantes.
Los detractores de la medida la juzgan mirando al beneficiario, a sus delitos atroces y a la señal que se transmite respecto del valor de los derechos humanos al hacer beneficiario de esta gracia a un infractor que, en su momento, no tuvo clemencia e incurrió en conductas de especial crueldad. Entiendo y respeto el punto, pero discrepo de él, por las siguientes razones.
Toda pena cruel, inhumana o degradante, corrompe a la sociedad que la aplica, por ende su prohibición no mira sólo al interés del condenado, sino especialmente al de la sociedad. Así, cuando el Presidente Piñera indulta a un violador de derechos humanos para que pueda morir en su casa en condiciones dignas -aunque en este caso ello no alcanzó a ocurrir- está colocando un estándar de humanidad respecto de nuestra sociedad y no relativizando la gravedad de los delitos cometidos por el condenado.
Tener clemencia con el que ha vulnerado los derechos humanos es la sanción final, una sanción que no es jurídica, pero sí es moral. Es una manera de indicarle que esta sociedad reconoce a todas las personas una dignidad inviolable y que incluso a él, que atropelló esa dignidad respecto de otros, se le reconoce. Tampoco me parece aceptable el argumento de la “señal”, por cuanto los seres humanos y sus derechos fundamentales nunca deben ser un medio supeditado a un fin. Es inaceptable que a alguien se le aplique un trato cruel, con el objetivo de ser una señal para otros.
El proyecto humanitario anunciado por el gobierno es una buena iniciativa, porque busca darle un cauce institucional al ejercicio de la clemencia, sacándolo del ámbito de la arbitrariedad política. El Presidente de la República merece respeto y reconocimiento por el coraje de haber tomado una decisión probablemente impopular y polémica, pero que apunta a que avancemos hacia una sociedad mejor. (La Tercera)
Gonzalo Cordero
