La multa de $33 mil a los electores que no asistan a votar en las próximas elecciones, que está dentro del veto presidencial ingresado por el gobierno a la reforma electoral, ha sido cuestionada por diferentes sectores.
Frente a ese escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con Mirko Bonacic-Doric León, presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, quien explicó que “a nosotros como gremio no nos corresponde pronunciarnos respecto a, si el legislador estima una multa, si es buena o mala”.
Sin embargo, sostuvo que “para que el voto sea obligatorio, por una tema de sentido común, tiene que tener una multa si no se cumple”.
“Más allá del monto de la multa que el legislador estime que es pertinente que los tribunales deban aplicar, el tema es si es efectivo ese monto, que la multa se haga efectiva”, agregó.
En ese sentido, explicó que “uno puede aplicar las 0,5 UTM de hoy, o hasta las 3 UTM anteriores, ¿y si la gente no las paga? ¿Cómo hago efectiva esta obligatoriedad? Ahí es donde está el problema”.
“hemos hecho presente este tema, venimos diciéndolo hace ya, yo creo que en los últimos tres gobiernos, la dificultad que tenemos nosotros para hacer efectivo el cumplimiento, porque hoy la alternativa que nos da la legislación es despachar las órdenes de reclusión, de arresto”, siguió.
Pero, Bonacic-Doric León se preguntó si “¿usted irá a mover a funcionarios de Carabineros, de la PDI, con la necesidad que tenemos hoy de que estén en las calles, para ir a hacer efectiva una multa de #33 mil? Le sale mucho más caro al Estado”.
En la misma línea, sostuvo que “hay que avanzar hacia mayores alternativas de cumplimiento. O sea, si la persona no pagó, por ejemplo, los $33 mil, que tengamos una suerte de Dicom, una suerte de registro, como se hace en Familia, y que se les cobre la multa cuando quieran renovar el permiso de circulación, que no puedan transferir un vehículo, que se les suspenda la licencia de conducir”, entre otras.
Asimismo, el presidente del Instituto de Jueces de Policía Local apuntó a que la multa de $33 mil no financia los gastos que significan hacer efectiva dicha sanción. “Por sentido común, imposible”, dijo. (Bio Bio)
