Esta semana se cumple un año desde el decreto fundacional de la Comisión de Paz y Entendimiento (CPYE) convocada por el Presidente Boric, con el mandato particular de “abordar la demanda de tierras de las comunidades Mapuche, levantar información actualizada y precisa sobre el estado de las tierras demandadas por las distintas comunidades y proponer mecanismos concretos y plazos específicos (…)” (Considerando 8°). A ello se añadía también la anhelada reparación para las víctimas de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur.
En ese contexto, la CPYE tiene desafíos claros: primero, rehuir de diagnósticos ideologizados que la desvíen de su camino. Segundo, delimitar públicamente la demanda de tierras que se pretende satisfacer a aquella que tiene un antecedente de dominio reconocido por el Estado, desechando las denominadas “tierras antiguas”.
Tercero, la necesidad de un catastro que determine históricamente cuánto se ha pagado, cuántas hectáreas se han comprado, cuánto falta por entregar, a quiénes y a qué costos. Cuarto, está pendiente el rol de la Dirección de Presupuestos. No es posible avanzar responsablemente sin un informe financiero.
Quinto, se han esbozado formas alternativas de compensación; sin embargo, poca claridad hay frente a la diversidad de mecanismos. Sexto, es indispensable conocer los criterios que en el pasado se utilizaron para otorgar recursos y las eventuales irregularidades administrativas o penales vinculadas. Por último, tampoco se conoce una propuesta concreta en materia de reparación de las víctimas de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur.
Así las cosas, la comisión tiene fecha de culminación este 2024, y es evidente que a la luz de la información conocida, los desafíos son enormes para el escaso tiempo que queda. (El Mercurio Cartas)
Pablo Urquízar M.
Abogado
