En su segundo día de votaciones, el pleno de la Comisión Experta despachó durante la jornada de la mañana ,una parte de los artículos contenidos en el capítulo 2 del anteproyecto de nueva Constitución, titulado como «Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales».
La sesión partió con el debate del artículo 18 al 28 del texto, en primer lugar, se exponen normas sobre nacionalidad y ciudadanía.
Allí se señala, por ejemplo, que la ciudadanía se pierde «por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva».
A la vez que se afirma que «el derecho a optar a cargos de elección popular se suspende únicamente por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva». Siendo aprobados por los comisionados.
El texto además aborda un epígrafe sobre «las Garantías de los Derechos y Libertades», estableciendo que «la ley podrá regular, limitar o complementar el ejercicio de los derechos fundamentales»,
Asimismo, se señala que «el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación», atendiendo a una serie de lineamientos como «el desarrollo progresivo para lograr la plena efectividad de estos derechos», entre otros. También visados en la sesión.
También se actualizan los estados de excepción, manteniendo al menos los cuatro tipos vigentes: «El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, grave conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado».
El texto también plantea que «para la declaración y renovación de los estados de excepción constitucional, el Presidente de la República y el Congreso Nacional considerarán la proporcionalidad y necesidad y se limitarán, respecto de su duración, extensión y medios empleados, a lo que sea necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional».
Norma que si bien fue aprobada con 18 votos, fue rechazada por el comisionado Carlos Frontaura (cupo Republicanos) y contó con la abstención de los comisionados Hernán Larraín (UDI), Marcela Peredo (cupo ex PDG y centroderecha) y los RN Katherine Martorell y Teodoro Ribera.
En materia de deberes, en tanto, se establece que «es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación, en conformidad a la ley». Considerado como una innovación por varios comisionados.
Durante la discusión, el comisionado Flavio Quezada (PS) comentó que «los avances son buenos ejemplos de cómo el Estado social y democrático de derecho, va concretándose en las disposiciones que propone este texto».
Por su parte, el comisionado Alexis Cortés (PC) planteó que «aunque no es tarea de este proceso particular, porque será el legislador democrático quien deba tomar la decisión quiero llamar la atención de que el estado social y democrático de derecho significara varias modificaciones relevantes (…) solo si deja de ser una definición formal y se convierte en una realidad, habremos estado a la altura de este momento».
Desde la otra vereda, el comisionado Juan José Ossa (RN), dijo que » es una propuesta constitucional que no sólo hace mucho énfasis en los derechos que tienen los chilenos y las chilenas, sino que además se enfocan en algunos muy relevantes que nos definen como nación (…) Es un deber de los habitantes de la república proteger el medioambiente, pero también, todo habitante de la república debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria».
Mientras que el comisionado Hernán Larraín (UDI) expresó que «siempre que hay un derecho, hay un deber, por lo tanto, este correlato, esta necesidad de vinculación y correlación debe ser siempre subrayada, el incorporar deberes es un trabajo importante».
DERECHOS Y LIBERTADES
Luego se produjo el debate sobre el artículo 17 del mismo capítulo, enfocado en «los Derechos y Libertades Fundamentales», estableciendo «el derecho a la vida. Se prohíbe la pena de muerte».
Luego, se señala que «el derecho a la integridad personal, que incluye el derecho a la integridad física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
Por otra parte, se plantea «el derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre».
Con ello, se establece «la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos», junto a «el derecho a un debido proceso».
También se plantea «el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores por los delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a una ley de quórum calificado».
Por su parte, el comisionado Máximo Pavez (UDI) lamentó que «no haya prosperado la mantención en el anteproyecto de Constitución del mandato al legislador para proteger especialmente la vida del que está por nacer».
PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL QUE ESTÁ POR NACER
En medio del debate de los artículos del capítulo II sobre «Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales», comisionados de oposición, pusieron énfasis en la enmienda que establece que «la ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable». Indicación que repusieron, tras ser rechazada en la subcomisión de Principios.
Una de las que abordó el tema fue la comisionada Marcela Peredo (cupo ex PDG y centroderecha), quien manifestó que «no se distingue la vida por etapa, porque la vida es anterior incluso a cualquier Constitución», agregando que «el embrión es un ser humano no por razones jurídicas, sino por razones biológicas».
«El niño que está por nacer es aquel ser humano que existe desde su concepción hasta su nacimiento y eso es al separarse completamente de su madre», acotó Peredo.
En la misma línea, el comisionado Jaime Arancibia (cupo RN) opinó que «me parece a mí que tanto el embrión como su madre son criaturas, seres humanos que merecen igual protección».
«Desconozco, por qué nos preocupamos de ciertos grupos o personas en situación de vulnerabilidad y no de el que está por nacer y precisamente de aquellas mujeres que gestan a sus hijos en condiciones de vulnerabilidad (…) creo que es un retroceso que se deje fuera este mandato al legislador que está en nuestra Constitución vigente», sostuvo la comisionada Catalina Salem (cupo RN).
Según Salem, este derecho «no restringe el debate democrático que puede existir en una sociedad respecto del aborto, simplemente lo pone en su real perspectiva», acotando que no comparte que se afecten los derechos de la mujer en esto.
Al contrario, la comisionada Verónica Undurraga (cupo PPD) dijo que muchos expertos «no compartimos la interpretación de que el embrión o feto sea titular del derecho a la vida».
Y aunque dijo que sí creo que proteger la vida prenatal, no aprobó la norma, porque cree que «pone en peligro e instrumentaliza a la mujer, pone en peligro el reconocimiento de su dignidad y el derecho». (Emol)
