Fueron 45 días los que tuvo como plazo de funcionamiento la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, también conocida como «comisión Jaraquemada», para entregar un informe con medidas al Presidente Gabriel Boric, lo que se concretó esta jornada.
Desde que estalló el Caso Convenios, y que puso en tela de juicio la credibilidad del Gobierno -y entre otras cosas, impulsó la renuncia del ministro y mano derecha del Presidente, Giorgio Jackson-, la instancia buscaba ser una salida a la contingencia, pero también una forma de dar respuesta a la necesidad de regular de mejor forma el vínculo entre dichas sociedades y el Estado, precisamente para evitar los casos de corrupción.
Así, la comisión inició sus labores de forma preliminar el 7 de julio, y desde la publicación del Decreto que la creó, sus tareas finalizaron el 26 de agosto.
En total, fueron 30 sesiones -entre ordinarias y extraordinarias- que dieron forma al trabajo de los expertos, quienes escucharon a 42 representantes de organizaciones sociales, la academia, organismos del Estado e internacionales, y se recibieron un total de 58 propuestas ciudadanas, vía correo electrónico y por un formulario especialmente habilitado para estos efectos.
COMISIÓN PLANTEÓ 46 MEDIDAS
En total, son 46 las medidas propuestas por la comisión Jaraquemada que apuntan a mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, las que tendrán que ser evaluadas por el Ejecutivo para su posible implementación.
De éstas, 15 tienen relación con sistemas de control, infracciones y sanciones; 13 con formas de relacionamiento de las IPSFL con el Estado; 7 sobre la transparencia en organismos del Estado y registros relevantes sobre estas organizaciones; 4 relacionadas con el gobierno corporativo en estas sociedades; tres sobre tipología y distribución de las IPSFL en Chile; 3 sobre la transparencia activa de las IPSFL; y una respecto al seguimiento y monitoreo de las medidas propuestas.
Dentro de las principales medidas, está la creación de una ley general de transferencias, «que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro»; y ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec) de Contraloría «como portal único de rendición de las transferencias del Estado».
También se propone crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile, de carácter electrónico «que permita hacer seguimiento y acceder a información sobre las transferencias de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil».
En materia de obligaciones de transparencia activa para las IPSFL, se propone que éstas deban publicar «cierta información sobre sus antecedentes básicos, su gobierno corporativo, sus actividades y financiamiento en sus sitios web».
También se propone aumentar estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio; y establecer la obligación de los alcaldes de «informar y rendir cuentas al concejo municipal de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto, aunque no requieran su aprobación».
El documento, además, plantea que se reduzca el monto de 7.000 UTM previsto en la Ley de Gobiernos Regionales, por el cual el gobernador regional requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas. «En todo caso, deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos de inversión e iniciativa», señala el texto.
En materia de sanciones, se propone establecer un catálogo, que sean proporcionales a la gravedad -tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión- adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica de la IPSFL en cuestión.
También se propone incorporar norma de incompatibilidades «para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común», en materia de contratación y transferencias, «como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común», señala el documento.
Proponen, además, que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) esté regulado en una ley, «y que le dé cierta autonomía al gobierno de turno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo».
Además, se plantea otorgar la legitimación activa al Contralor General de la República y, por delegación de éste a los Contralores Regionales, «para que sea el Tribunal Electoral Regional (TER) quien determine si las infracciones de los deberes de las autoridades electas implican infracciones graves».
EL GOBIERNO
«Que no quede en un cajón» había sido la consigna con el que el Presidente Boric mandató la creación de la instancia y la entrega de sus resultados, mensaje que hoy reforzó al señalar que, junto al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, de que el trabajo «no se termine con su presentación», sino que se implemente.
«El fomentar la cultura de probidad debe ser un trabajo permanente y constante (…) tenemos varios desafíos que equilibrar, cómo elevamos los estándares, mejoramos la transparencia y la eficiencia en el accionar del Estado, y no generamos normas normas en las cuales, vayamos generando mayores exigencias, pero que a la vez, limiten o tranquen la efectividad de la acción del Estado, es un desafío bien complejo», sostuvo esta mañana el Presidente Boric.
ESPECIALISTAS
«Creo que son medidas que no se pueden aplicar en el mediano plazo. En el futuro, estas propuestas podrían servir para intentar evitar el problema de corrupción al interior del Estado, pero no son medidas que vayan a reducir el impacto político del Caso Convenios de manera automática», plantea a Emol el analista político de la UTEM, Máximo Quitral.
Agrega que, a su juicio, el informe da cuenta de «una buena intención, pero no va al fondo del asunto, que es cómo resolver la corrupción en lo inmediato. Esta propuesta apunta al futuro, y no lo que uno esperaría, que es que esto se resuelva rápidamente».
En la misma línea, el analista político y académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Kenneth Bunker, sostiene que siempre que se regule la corrupción hay un «paso en la dirección correcta», y que las medidas que plantea el informe apuntan a hacer la corrupción «un poco más difícil», pero se trata de «pasos básicos, iniciales».
Lo llamativo, subraya, es que «muchas de estas cosas no existían; por una parte, es realmente impresionante lo desregulado que estaba todo el sector, lo fácil que era traspasar recursos del Gobierno central a estas fundaciones sin fines de lucro, que se operara tan fácilmente es llamativo».
«Yo creo que hay que hacer algo más. Tiene que haber algún tipo de castigo mencionado con todos sus detalles para invitar a las personas a no cometer estos actos de corrupción. Creo que tienen que ser un poco más fuerte y se debe mencionar lo que debiese ocurrir si es que no se cumple con aquello», comenta respecto a las sanciones.
En el plano político, Bunker coincide con Quitral al señalar que «no resuelve el problema de fondo; creo que con la magnitud de corrupción que se ha descubierto, tiene que haber personas que paguen con cárcel, tiene que haber alguna forma de que los responsables de desfalcar al Estado sean castigados, sin eso, ¿Cuál es el incentivo de no cometer esos actos hacia adelante?».
«Este es un reporte técnico que mira hacia adelante, es positivo, pero ¿Dónde está la señal política?, ¿Qué va a hacer el Gobierno? Es muy fácil ahora para el Gobierno usar esto y moverse hacia adelante, pero el punto es que la corrupción no se va a terminar si es que no hay un castigo por este incidente (Caso Convenios)», zanjó. (Emol)
