Fue en 2018 que la comunidad mapuche “Buta Rincón” accedió a cerca de 300 hectáreas del predio Santa Irene, en la comuna de Galvarino, Región de La Araucanía. El objetivo era cultivar trigo y trabajar cosechas que posteriormente pudieran ser vendidas en la zona.
Sin embargo, decidieron arrendar el predio y “externalizar” la cosecha a un tercero, en este caso, a Arnoldo Bachmann Schefferli. El trabajo rendía y la comunidad podía retirar las cosechas a inicios de años y comercializarlas sin problemas. Pero, esa tranquilidad y aparente normalidad laboral terminó en enero del 2021.
El 7 de ese mes, Domingo Paillama Chueque, presidente y representante de la comunidad mapuche “Buta Rincón”, recibió la alerta de su arrendatario: un grupo de comuneros de la comunidad “Trif-Trifco” se habían tomado el predio impidiendo que realizaran las faenas de cosechas. Eran cerca de las 5.00 de la mañana y el trabajo productivo quedaba suspendido.
Así comenzaron las conversaciones para que, por la vía pacífica, la comunidad que tomaba el predio pudiera retirarse. Sin embargo, las conversaciones nunca llegaron a buen puerto, por lo que Paillama denunció el hecho a la Fiscalía.
Cercanos a la comunidad “Buta Rincón” dicen que los intentos “por vía judicial” no tuvieron frutos, sino que dilataron el proceso que hoy los tiene -todavía- con el problema de usurpación. Es más, han tenido que requerir la custodia de Carabineros para retirar las cosechas de alguna de las hectáreas de su propiedad. Antes, en 2021, habían sido víctima de la quema de siete hectáreas.
OFENSIVA JUDICIAL
La comunidad propietaria del predio, además, tuvo que enfrentar una “advertencia por escrito”. El arrendador Arnoldo Bachmann recibió una carta de la “Comunidad Autónoma “Trif-Trifco” y “Comunidad Cacique Colihuinca Ñiechico”.
Allí se puede leer: “Queremos hacerle llegar nuestra inquietud del estado en que se encuentra su predio y al mismo tiempo del conflicto que se genera hacia su persona. Nosotros como comunidad hemos llegado a un consenso en reivindicar nuestros terrenos ancestrales, para ello queremos llegar a un acuerdo con usted para ejecutar la cosecha en una 30% de producción para la comunidad antes mencionada y a la vez proteger en que se ejecute como tal dicho trabajo”. La carta fue firmada por José Santander Pichún y David Jara Millalén.
El texto no cayó bien en la comunidad “Buta Rincón”, por lo que interpusieron una querella en contra de José Santander Pichún -como representante de la comunidad Trif-Trifco- por el delito de amenazas, extorsión y, además, usurpación y hurto.
En el texto presentado por el abogado de la comunidad, Jhon Ghisellini, se señala que quienes tomaron el terreno construyeron “un cerco perimetral, impidiendo el acceso a mis representados a su propiedad, construyendo portones de acceso; cambiar deslindes a su arbitrio, interviniendo incluso deslindes naturales; corta o tala de árboles de distintas especies para leña , principalmente árboles nativos; venta de madera trozada y leña de propiedad de mis representados , no cumpliendo con ninguna de las normas relativas a plan de manejo y pago de impuestos , para esto último, desde ya se pide oficiar a las autoridades respectivas CONAF y SII, respectivamente”.
En cuanto a la presunta extorsión, en la acción judicial se detalla que “pretenden por medio de violencia y amenazas cobrar un porcentaje de la cosecha, propiedad del arrendador Arnoldo Bachmann Schefferli, sin tener derecho alguno, a cambio de una protección arbitraria e ilegal”. (La Tercera)
