Nuestras sociedades se han puesto de acuerdo sobre un número de Derechos Humanos que son, por definición, inalienables por el solo hecho de pertenecer a la condición humana y, por lo tanto, independientes de cualquier distinción como género, sexo, religión, nacionalidad, raza, ideología, etc. Pero, a pesar de que casi todos los países del mundo han suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos -entre ellos Chile-, eso no significa que se cumpla cabalmente o que tengamos esos derechos plenamente garantizados.
Los Derechos Humanos siguen en riesgo hoy en el mundo. Se denuncian casos de explotación infantil en México, hay críticas a privaciones de libertad en Venezuela, hemos conocido los casos de asesinatos a ciudadanos afroamericanos por parte de la policía en USA y se ha juzgado a gobernantes por genocidios en Ruanda y Guatemala. Pero no es necesario ir tan lejos, sino que basta con mirar varias experiencias de nuestro Chile, para reconocer que aún nos falta para que a migrantes, a nuestros pueblos indígenas, a miles de mujeres y a nuestras minorías sexuales, entre otros, les podamos garantizar los derechos humanos necesarios para una realización propia plena. Como sociedad tenemos que reconocer nuestras carencias para ir madurando y buscando soluciones para construir un país cada vez más inclusivo y justo. Pero, ¿cómo podemos avanzar si no contamos con una mirada crítica a nuestra situación actual?
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo público y autónomo, ha jugado un rol fundamental en ser ese ojo crítico respecto a lo que pasa día a día en nuestro país. En esa misma línea, a través de su informe anual pretende incidir en la agenda pública denunciando situaciones irregulares en materia de DD.HH. y proponiendo mejoras institucionales para la garantización de éstos.
Es en este contexto que en los informes de los años 2011 y 2012 se hizo referencia a la represión policial que tuvo cabida en el contexto de las movilizaciones estudiantiles. Aunque no es justo caer en las generalizaciones, es innegable que durante las importantísimas movilizaciones que vivimos el año 2011 hubo reiterados eventos de represión desmedida e injustificada por parte de contingentes de Fuerzas Especiales de Carabineros a manifestantes pacíficos. El derecho a la manifestación es un pilar de cualquier democracia sana, y en ese momento el INDH, dentro de sus funciones explícitas, fue tajante en plantear que tanto Carabineros como el Ministerio del Interior debían revisar sus protocolos de acción para que ese derecho siempre estuviese garantizado.
Parte fundamental de una educación cívica moderna es el conocimiento de los Derechos Humanos y que los ciudadanos adquieran capacidad de criticar las instituciones para encausarlas hacia esa cultura de respeto. Los textos escolares que forman a los futuros ciudadanos son un material que no debe ser autocomplaciente frente a que estos hechos existen en Chile. Vendarnos los ojos no es un buen primer paso para solucionar los problemas que tenemos.
Hoy, el INDH es el único órgano que está dedicado a relevar la agenda de DD.HH. y su falta de atribuciones es lamentable. Otros países han sido exitosos en establecer una tradición de protección de los derechos de los ciudadanos. El Ombudsman o “Defensor del Pueblo” es una realidad en países como Alemania, Suecia y España; así como en otros países latinoamericanos como Argentina, Bolivia y Colombia, siendo aún una deuda de nuestra democracia.
Nuestra institucionalidad, aunque frágil, es fundamental. Los ataques contra el rol del INDH socavan uno de los pilares de la promoción y protección de los Derechos Humanos y a la difícil historia que hemos tenido en Chile para asentar la relevancia de su respeto. Todas nuestras instituciones, entre ellas Carabineros y nuestro Congreso están obligados a protegerlos y es tarea de todos como ciudadanos vigilar que lo cumplan. (El Mostrador)
