Es un hecho indesmentible que las resoluciones primordiales que emanarán desde el cónclave oficialista, ya se encuentran definidas antes de su inauguración.
La previa del sonado encuentro que se desarrollará esta tarde en el Estadio El Llano, ha estado caracterizada por el inapelable predominio concertacionista al interior de la Nueva Mayoría en desmedro de los partidos situados en el ala izquierda del oficialismo.
Es curioso cómo el pragmatismo concertacionista ha replicado el axioma formulado por los principales dirigentes de Podemos acerca del quehacer político, a pesar de encontrarse en las antípodas del partido que tiene en jaque al bipartidismo español: “En política, quien decide los términos de la disputa, decide en gran medida los términos de su resultado”.
En nuestra realidad nacional, tanto el retorno de la vieja guardia concertacionista como la puesta en marcha de la emblemática tesis del “realismo sin renuncia” –dos caras de una misma Moneda– han sido los acontecimientos que han definido los términos de un escenario en el que resulta imposible prever un “golpe de timón” que ponga en entredicho la plena conducción ejecutada por la orientación restauradora.
El panorama no puede ser más desolador para aquellos sectores que habían considerado a la Nueva Mayoría como una especie de “campo de disputa” que permitiría viabilizar reformas estructurales.
En la práctica, la defensa del programa ha quedado restringida a la pugna por concretizar, en el contexto de la tramitación de las reformas educacional y laboral, un 70% de gratuidad para los estudiantes pertenecientes a las universidades del CRUCH al año 2018, además del fin al reemplazo de trabajadores en huelga, respectivamente.La defensa del programa se convierte poco a poco en un mero eje discursivo.
Restando 2/3 para que finalice el segundo mandato de Michelle Bachelet, la disputa ha sido claramente favorable a la facción conservadora liderada por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, los cuales –secundados por los viejos estandartes concertacionistas– quedan posicionados como los actores políticos que conducirán los destinos de la Nueva Mayoría hasta que finalice su actual administración.
Basta observar la táctica ejecutada por el comité político al momento de excluir groseramente del cónclave la discusión en torno a la reforma constitucional, mientras que, en paralelo, el propio ministro del Interior, Jorge Burgos, replica a viva voz la propuesta emanada del senador Ignacio Walker y el abogado del sector, Patricio Zapata: “Cualquier cambio constitucional pasa por hacerlo dentro de las reglas; a eso nos comprometimos en el programa de Gobierno, a hacerlo institucionalmente, y he dicho que eso pasa por el Congreso”. ¡Anótese, comuníquese, publíquese!
Ante un escenario como el retratado, no es difícil prever que los próximos meses tenderán a reproducir la siguiente correlación: mientras más eficiente sea la performance restauradora ejecutada por la conducción concertacionista, más inviable se tornará la permanencia del acuerdo político-programático, así como también más intenso será el descontento social provocado por una nueva promesa electoral no cumplida.
Haría bien al conservadurismo en recordar que no son pocos los pasajes de nuestra historia donde la más plena consolidación de procesos restauradores termina provocando –a pesar de su aparente consistencia en el mediano plazo– los más rotundos fracasos históricos.
Todo parece indicar que la coronación del retorno concertacionista se encuentra ad portas de engendrar un nuevo y rotundo fracaso histórico: la Nueva Mayoría.
