Senadores y diputados rechazaron este domingo la información dada a conocer respecto al recorte de $7.064 millones de pesos al presupuesto del Ministerio Público, hecho que se da en plena crisis de seguridad.
Según consignó El Mercurio, la rebaja de los recursos se enmarca en un recorte global de $544 mil millones anunciado de manera general por el Ejecutivo, el que surge de un protocolo de acuerdo suscrito en el debate de la Comisión Mixta de Presupuestos, para lograr un consenso que permitiera destrabar la aprobación de glosas y partidas del erario fiscal para 2025.
Ante esto, el senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad, indicó que «es algo inesperado, inaudito e inexplicable. Y esta explicación no solamente tiene que darla el Ministerio de Hacienda, sino que el Ministerio de Interior, que es coordinador del gabinete y, además, encargado de la seguridad pública».
«El hecho de que se le estén quitando recursos a aquellas dependencias que tienen que ver con crimen organizado, me parece extremadamente grave, porque el crimen organizado es lo que hoy día le está marcando el ritmo al Estado de Chile, por encima del Gobierno, al Estado de Chile. Tiene atemorizada a la comunidad, tiene inhibido a los empresarios de invertir, tiene ocupado al Gobierno, y le quitan plata al Ministerio Público», agregó.
En ese sentido, precisó que «lejos de disminuir presupuesto, las policías, el sistema de inteligencia y, además, el Ministerio Público, deben ser reforzados».
En la misma línea se manifestó el senador José Miguel Durana (UDI), quien advirtió que «es lamentable que el Gobierno haya decidido que parte del recorte presupuestario de 7 mil millones de pesos afecte a la Fiscalía, especialmente en un contexto de crisis de seguridad como el que enfrenta Chile».
«Esta decisión compromete la capacidad operativa del Ministerio Público, la seguridad de sus profesionales, así como el acceso a equipamiento y tecnología necesarios para investigar delitos complejos relacionados con el crimen organizado», añadió.
También consideró que «es preocupante que el criterio del Gobierno para este ajuste no contemple recortes en áreas claramente identificadas como despilfarro, como el aumento injustificado de funcionarios públicos, programas con evaluaciones deficientes, y otras decisiones financieras cuestionables que reflejan una gestión ineficiente».
Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara Diputados, el congresista Andrés Longton (RN) expresó que «lo que hace el Ministerio de Hacienda es de un descriterio total. Había un compromiso y, por sentido común, además, de no recortarle ningún peso a la institución encargada de la seguridad».
«Por razones obvias, vivimos la mayor crisis de inseguridad en la historia de nuestro país. El crimen organizado cada vez ingresa con más fuerza y, por lo tanto, cada peso que recibe el Ministerio Público es extremadamente valioso», enfatizó.
Por lo mismo, pidió «al Gobierno que eche pie atrás y que se dedique a recortar recursos de áreas donde claramente no hay ningún tipo de prioridad, y se refiere más a cosas ideológicas que urgencias solicitadas por la ciudadanía, como la compra de la casa de Allende, que son casi mil millones de pesos, 16 mil millones de pesos que se le entregaron al INDH, o los casi 100 mil funcionarios públicos que ha contratado este Gobierno en los últimos años». Además, anunció que citará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que explique la decisión.
El diputado Cristhian Moreira (UDI), también se refirió a esta situación, aseverando que «ahora entendemos que el recorte del presupuesto de seguridad, en parte, estaba destinado a gustitos ideológicos de adquirir la casa del expresidente Allende. El llamado es inmediato al presidente Boric para que se restituyan estos dineros y vayan a seguridad, donde está el principal dolor de todos los chilenos».
«Menos burocracia estatal, menos funcionarios fantasmas y menos sobresueldos. Vamos por más seguridad. De lo contrario, ya esto parece chacota y huele a burla hacia un país entero», acotó.
Finalmente, la diputada Karen Medina (IND), sostuvo que «el recorte al presupuesto del Ministerio Público es una decisión irresponsable e inaceptable. En un contexto de violencia desbordada y crimen organizado en alza, el Gobierno, en lugar de fortalecer a las instituciones clave para combatir la inseguridad, decide debilitarlas».
«Esto es un golpe directo a la seguridad de los ciudadanos y una contradicción flagrante con el compromiso asumido en la Ley de Presupuestos. Reducir recursos esenciales para la persecución del delito y la protección de fiscales no solo pone en riesgo la lucha contra el crimen, sino que demuestra una desconexión total con las urgencias que enfrenta el país», añadió. (Emol)
