Una revisión del proceso de acusaciones constitucionales que se generaron después del estallido social del 18 de octubre realizó el gobierno durante esta semana.

El objetivo fue determinar cuánto tiempo le destinó el Congreso a revisar y votar los respectivos libelos impulsados por la oposición contra el exministro Andrés Chadwick, el Presidente Sebastián Piñera y el intendente Felipe Guevara, justamente quienes fueron objetivo de esas ofensivas, relacionadas, principalmente, a los casos de violaciones a los derechos humanos. Esto, en línea con lo que han manifestado reiteradamente autoridades de La Moneda, quienes han cuestionado que se impulsen esas acusaciones y han apuntado, precisamente, a que ese tiempo se podría haber empleado en tramitar proyectos de ley.

El análisis quedó plasmado en una minuta de la Segpres, en la que se da cuenta -según la información recopilada por ese ministerio- que el Parlamento dedicó, en total, más de 100 horas a revisar esos tres libelos, considerando el tiempo utilizado en la respectiva comisión revisora de la Cámara, en la sala de esa corporación y en el hemiciclo del Senado.

En el texto se plantea que “entre las acusaciones en sala se invirtió un total de 45.11 horas”, considerando 24 horas y 25 minutos en la Cámara, y 20 horas y 46 minutos en el Senado. Asimismo, se detalla que hubo un total de 104 horas y 38 minutos dedicados a las acusaciones en sesiones de comisión en la Cámara. Así, el registro de la Segpres señala que para las tres ofensivas se utilizaron, en total, casi 150 horas.

En ese contexto, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, dijo a La Tercera que “respetamos las facultades fiscalizadoras que tiene tanto la Cámara de Diputados como el Senado, pero cuando existe un contexto social en el cual los ciudadanos están demandando más de sus autoridades y solicitando sacar adelante proyectos que impactarán positivamente en su calidad de vida, como la reforma a las pensiones, la reforma al sistema de salud público, un aumento en sus salarios y reforzar nuestra legislación en materia de seguridad, no hay tiempo que perder”. Y agregó: “Si bien tras el 18 de octubre se lograron aprobar 11 iniciativas de la agenda social en medio de un notorio aumento en la periodicidad del trabajo legislativo, hubo otras que sí se vieron demoradas en su tramitación, dado que se suspendió tiempo en sala para poder analizarlas, por ejemplo, el ingreso mínimo garantizado, que está en su segundo trámite y está a la espera de ser revisado en la sala del Senado”.

En ese sentido, recalcó que “cuando las acusaciones tienen solo fines políticos y cuando los políticos hacen política para ellos mismos, la ciudadanía pierde”, junto con señalar que “estos tiempos nos exigen estar a la altura y ponernos de acuerdo para aprobar con premura, con su debido análisis, los proyectos de ley que responden directamente a las urgencias de las personas”.

En el documento elaborado por el gobierno se cuestiona, en esa misma línea, el total de horas utilizadas, recalcando que ese tiempo se podría haber utilizado en tramitar proyectos de ley, principalmente de la agenda social. En todo caso, en el Congreso, a raíz de la crisis social, se agregaron numerosas sesiones de sala y de comisiones, legislando, incluso, en semanas distritales y también fines de semana, lo que provocó que el tiempo de tramitación de las iniciativas se redujera a menos de la mitad y que el Parlamento sesionara un 40% más en comparación al año anterior. De hecho, el propio ministro Ward había agradecido el 30 de enero esos resultados, cuando dijo que “tanto la Cámara como el Senado han legislado con premura iniciativas que responden a las prioridades de las personas”, por lo que esa vez manifestó “nuestro agradecimiento a los parlamentarios que estuvieron a la altura del llamado que nos hizo la ciudadanía”.

Sin embargo, en la minuta de la Segpres se detalla, en el caso de la Cámara, que “en un ejercicio de comparación respecto de las horas invertidas” en las acusaciones “podemos dilucidar que, al menos, podrían haberse realizado, de acuerdo a la orden del día del trabajo en sala, más de ocho sesiones, lo que, a su vez, equivale al trabajo legislativo en sala de más de dos semanas, tiempo en el cual se pudo haber avanzado en aquellos proyectos de ley de la ‘nueva agenda social’ presentada por el gobierno”. Y respecto del Senado, se plantea que “el tiempo empleado durante las acusaciones constitucionales equivaldría a al menos cinco sesiones de sala, es decir, al trabajo legislativo de casi un mes”.

En ese sentido, en el documento del Ejecutivo se concluye señalando que las más de 149 horas que se destinaron, en total, a las tres acusaciones constitucionales “entorpecieron o a lo menos retardaron el avance de la tramitación de innumerables proyectos”. (La Tercera)