¿Qué pasa cuando el Congreso despacha una ley con errores? Aunque la tramitación de algunos proyectos se puede extender por años, la aplicación de la ley muchas veces devela que el proceso legislativo está lejos de ser infalible. Hay ripios que van desde la alusión a cuerpos legales ya derogados hasta la constatación de inconsistencias que dejan en letra muerta los proyectos.
El ejemplo más reciente y emblemático es la Ley de Pago a 30 días que se despachó en diciembre de 2018 y buscaba dotar a las pymes de la posibilidad de demandar a las grandes compañías cuando fueran vulneradas en su relación comercial. El problema es que a las autoridades se les pasó incluir en el texto la disposición que permitía ejercer acciones legales. Para corregir el error -que el exministro de Economía, José Ramón Valente, en un principio atribuyó a la Biblioteca del Congreso- fue necesario aprobar una ley correctiva en junio.
Además de la corrección a la Ley de Pago a 30 días, la mesa del Senado ordenó el inicio de un sumario administrativo que hoy está en su última etapa y que, según fuentes de la corporación, apuntaría a los funcionarios de la comisión de Economía. No a los parlamentarios.
Pero ese no es el único fail legislativo.
MÁS CASOS
Un caso reciente, advertido por algunos asesores legislativos de la Cámara de Diputados, es el proyecto que modifica la ley 21.091 permitiendo recibir donaciones a los Centros de Formación Técnica. El conflicto es que no se modificaron los cuerpos legales que permitían que los CFT fueran destinatarios de esos recursos.
En vista de la falencia, la bancada socialista propuso un proyecto que, según su idea matriz, “busca dotar de una norma expresa que incorpore como destinatario de donaciones a los Centros de formación técnica del Estado a los que se refiere la ley Nº20.910”.
“En efecto, se busca superar la regulación legal que data del año 1987, que luego de las reformas citadas no fue actualizada generando un vacío normativo que resulta discriminatorio entre los establecimientos educacionales”, insiste la propuesta.
Otro caso: La Ley 21.121 que modificó normas sobre corrupción y otros delitos y creó nuevos tipos penales ampliando la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El texto se publicó en 2018 y era una figura altamente esperada para cumplir con uno de los estándares de la OCDE que tipificaba el delito de administración desleal (manejo fraudulento del patrimonio ajeno). El proyecto se reconoce como un gran avance. Sin embargo, la pena accesoria que se estableció de inhabilidad para ejercer cargo de director o gerente, no se incluyó en la escala general de penas. O sea, no tiene aplicación en ese punto.
A los proyectos anteriores también se suman los problemas de interpretación que hubo sobre la modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos para cambiar los medidores de energía por unos dispositivos “inteligentes”. Ante la controversia sobre la propiedad de los medidores y ante el costo que asumirían los usuarios, surgieron varias propuestas de ley correctivas.
CÁMARA PREPARA ANUNCIO
En la Cámara reconocen que hay un problema de procedimiento legislativo que es necesario corregir y que hoy no hay un control preventivo adecuado para evitar errores.
“Cuando los proyectos modifican varias leyes surgen problemas. También hay problemas cuando aluden a decretos con Fuerza de Ley que emite el Presidente de la República, porque el mandatario tiene una facultad de emitirlos y no siempre se informa al Congreso. Entonces surgen proyectos que aluden mal a algunos DFL”, comenta un alto funcionario de la Cámara.
“Hoy la Cámara ni siquiera sabe cuántos proyectos hay en trámite y sobre qué materias”, recalca la misma fuente.
El único control que existe sobre las leyes promulgadas hoy es la Oficina de Evaluación de Ley que preside del diputado DC Pablo Lorenzini y que integran también los diputados Marisela Santibañez (IND), Marcela Hernando (PRDS), Alejandra Sepúlveda (IND), Alejandro Santana (RN), Daniel Núñez (PC), Manuel Monsalve (PS), Leopoldo Pérez (RN) e Issa Kort (UDI).
La Oficina de Evaluación de Ley revisa cuerpos legales promulgados hace algunos años y emite informes sobre la eficacia de su aplicación.
Lorenzini destaca que la instancia funciona hace 9 años, sigue el estándar de la OCDE y está siendo replicada en otros parlamentos.
En la Cámara, sin embargo, reconocen que el alcance de esa instancia es limitado. Desde su entrada en vigencia ha emitido 12 informes sobre leyes promulgadas por el Congreso (Ver recuadro).
En cada uno de los casos informados, la oficina de Evaluación de la ley ha emitido informes que advierten conflictos de aplicación de las normas promulgadas. Así ocurrió, por ejemplo, con la Ley N°20.418 que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Al respecto la comisión advirtió una débil educación sexual y propuso una serie de proyectos para subsanar esa debilidad.
La Unidad también se percató del error en el proyecto relativo a las donaciones a los CFT por lo que recomendó incorporar a los establecimientos de formación técnica como beneficiarios.
Consultado por La Tercera PM, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, comentó que la corporación ampliará pronto el marco de acción de la Oficina de Evaluación de la Ley, de manera de mejorar el sistema de control legislativo antes de su despacho a segundo trámite en el Senado.
El gobierno, a su vez, presentó hace dos semanas un proyecto de ley que busca mejorar la calidad legislativa derogando leyes que ya no están vigentes. (La Tercera)
