El señor presidente de la Asociación de Magistrados, don Mauricio Olave, en carta publicada en «El Mercurio» con fecha 21.04., no obstante señalar que la Convención “no acogió todas nuestras prevenciones”, parece estar complacido —o, al menos, conforme— con la actual estructura dada a dicho órgano de control de los jueces, que no tendría carácter mayoritariamente político, dado el número de jueces y funcionarios de la administración. Destaca el hecho de que “el componente judicial supera a modo de ejemplo el número que posee el Consejo Superior de la Magistratura francés”.
Sin embargo, la integración del Consejo por miembros designados por el Poder Ejecutivo, el Congreso, las organizaciones sociales y los pueblos originarios, implica el riesgo cierto y concreto del empleo de criterios políticos en las decisiones trascendentales que corresponde adoptar a dicho ente. La Corte Suprema ha planteado, como exigencia elemental, que dicho Consejo sea integrado, si no exclusivamente, mayoritariamente por jueces, entiéndanse magistrados y magistradas, no funcionarios.
Quienes saben de judicatura son quienes la ejercen, los jueces. Quienes saben de medicina son los facultativos, no los tecnólogos o visitadores médicos. Por otra parte, para los jueces actuales y futuros, no debe ser un tema menor que su desempeño vaya a ser objeto de “revisión integral” cada cierto tiempo, por personas carentes de conocimientos y experiencias en los complejos temas vinculados a la administración de justicia.
¿De dónde emanarán los indispensables conocimientos y la indispensable experiencia, en el caso de miembros de una organización comunal o de un pueblo originario, muchos de los cuales no conocen la institución tribunales de justicia? (el senador señor Huenchumilla ha explicado que en la cultura mapuche no existe tal concepto).
La referencia al Consejo francés no parece ser un buen consuelo, ya que resulta notorio el recurso a otros modelos no dotados de tanto prestigio como el galo. (El Mercurio Cartas)
Carlos Künsemüller
