En un escenario en que se asume que uno de los ejes temáticos a tratar en la Convención Constituyente será la universalidad de los derechos sociales y que a ellos se asocie un principio de responsabilidad fiscal, el centro de pensamientos ligado a Revolución Democrática, Rumbo Colectivo, elaboró un análisis sobre la pertenencia de incluir la política fiscal en la nueva Constitución.
Para ello prepararon un documento de seis páginas dirigido a los convencionales que expondrán en las audiencias públicas de las comisión 3, que involucra temáticas de formas de Estado; y de la 5, ligada al modelo económico.
Ing. Civil Industrial y economista, U. de Chile
Paralelo a esto, la entidad contempla realizar en dos semanas más un seminario online con constituyentes.
Entendiendo que la política fiscal abarca dimensiones sobre el gasto público, la tributación y el nivel de deuda estatal, el documento elaborado por la abogada y master of laws de London School of Economics and Political Science, Francisca Moya y el economista de la Universidad de Chile, José Miguel Alvarado, apunta a que agregar lineamientos específicos para definir la manera de actuar de la política fiscal en la Constitución “podría limitar” las acciones de los gobiernos en situaciones que “actualmente no pueden ser previstas”.
Es por esto que lo “más apropiado” es que no se incluyan normas asociadas a la austeridad fiscal, “a pesar” -dicen- que no tienen “una opinión contraria a la responsabilidad” en esta dimensión.
Los autores del análisis explican que la consagración de un principio general “podría ser problemática”, ya que a futuro se abre la posibilidad de interpretarse como “un llamado a la austeridad”, que podría limitar por la vía constitucional el gasto y la deuda pública.
Y, en el caso que se necesite “aunar voluntades y generar acuerdos” en la Convención en torno a establecer una regla de política fiscal en la carta fundamental, los expertos expresan que lo crucial es que “se refiera sólo a principios” como la “responsabilidad socioeconómica y sustentabilidad”, cuyos objetivos no son solo la estabilidad macroeconómica.
¿QUÉ DICE HOY?
Actualmente, en la carta magna hay dos artículos que se pueden relacionar con la política fiscal, según identifica el documento: el 67, referente a cómo se debe tramitar la Ley de Presupuesto en el Congreso; y el 65, que otorga al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que impliquen gasto público.
Respecto a la exclusividad del gasto que recae en el mandatario, apuntan a que las modificaciones que se hagan debieran estar en línea con “eventuales modificaciones al sistema político”, por lo que Moya enfatiza que “es un error tratarlo por sí solo”.
En el documento subrayan que los cambios que se hagan debieran analizarse “con cuidado”. Hoy, agregan, la regla se vincula “directamente” con el sistema presidencial .
Sobre las opciones que podrían discutirse, mencionan, que en el caso de entregar iniciativa en el gasto público a los parlamentarios, tendría que establecerse controles y apoyo técnico que permitan resguardar “la responsabilidad fiscal”.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD SOCIOECONÓMICA
Basado en el argumento de dar más flexibilidad al gasto con el objetivo de que se tenga mayor discrecionalidad para «actuar con celeridad en tiempos de crisis», en el documento del centro de pensamiento de RD se propone incluir en la nueva Constitución el principio de responsabilidad socieconómica.
Explican que este concepto debiera conciliar las urgencias sociales y sanitarias de corto plazo y las de más largo plazo, como las medioambientales, con el balance fiscal que requiere la macroeconomía. Con esto, se lograría una política fiscal que resguarde el «buen uso y eficiente de los recursos públicos».
Eso sí, el acento lo ponen en que bajo ninguna circunstancia el principio debe ser consagrado bajo una regla numérica.
A lo que apuntan es a que se establezcan límites que hagan referencia a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Esto, porque al momento de intentar definir con detalle este tipo de normas «pueden tornarse rígidas y entorpecer la gestión durante períodos de reforma o crisis que requieren de mayor gasto fiscal». (DF)
