Contralora subrogante ha nombrado cinco cargos titulares de su plana mayor

Los meses pasan y el gobierno sigue sin enviar un candidato para el cargo de contralor al Senado. Mientras tanto, la contralora (S), Dorothy Pérez, se ha encargado de mantener la continuidad del organismo fiscalizador y no le ha hecho el quite a ejercer las funciones que le corresponden al máximo líder de la Contraloría.

Han pasado seis meses desde que terminó el periodo del excontralor Jorge Bermúdez. Fue exactamente el 18 de junio que Pérez se transformó en contralora subrogante. Desde ahí hasta la fecha, se ha hecho notar. Tanto así que sus detractores critican, de forma soterrada, que, a diferencia de lo que fueron las subrogancias de Noemí Rojas o Patricia Arriagada, ha tomado decisiones orgánicas en la institución como si fuese la contralora titular.

Desde su primer día como máxima jefa del ente contralor, Pérez se ha encargado de dejar su marca. Apenas asumió echó por la borda el diseño institucional de la era Bermúdez. Trasladó el Departamento de Medio Ambiente a la División de Infraestructura y Regulación. Además, redujo el personal de la secretaría general -que ahora recibe el nombre de División de Administración Interna y Abastecimiento- y del gabinete, trasladando a cientos de funcionarios a nuevas funciones.

También revivió la antigua División de Municipalidades que Bermúdez eliminó, pero lo hizo bajo el nombre de División de Gobiernos Regionales y Municipalidades. Ha realizado nuevos dictámenes, visitas a terreno, constantes exposiciones en el Congreso e incluso comprometió ante la Asociación Chilena de Municipalidades un plan de 323 acciones de fiscalización.

Una de sus últimas decisiones las tomó este martes 18 de junio. El mismo día que cumplía seis meses en la subrogancia nombró como cargos titulares a una serie de funcionarios clave que forman parte de su equipo más estratégico y de confianza en toda la plana directiva de la Contraloría.

Cuando Pérez tuvo que pasar a la primera línea y dirigir el organismo, junto con reestructurarlo, armó a su equipo de confianza. La mayoría de ellos, que partieron como cargos suplentes, ahora -tal como lo mandata el estatuto administrativo- pasaron a ser cargos titulares.

Se trata del jefe de División de Fiscalización, Ricardo Provoste; el jefe de la División Jurídico, Víctor Merino; la jefa de la División de Administración Interna y Abastecimiento, Daniela Andreu; el subjefe de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, Iván Millán, y el subjefe de la División de Fiscalización, José Manuel Escobar. En la Contraloría dicen que, en las próximas semanas, seguirá pasando lo mismo con el resto de los cargos, cuyas suplencias excederán el límite de los seis meses.

Todos ellos, que partieron en sus cargos como suplentes, ahora son titulares en sus respectivas funciones. En la Contraloría explican que estas titularidades solo son consecuencia de lo que obliga el artículo 4 de la Ley 18.834 que regula el estatuto administrativo. Dicha norma, en su inciso quinto, establece que “en el caso que la suplencia corresponda a un cargo vacante, ésta no podrá extenderse a más de seis meses, al término de los cuales deberá necesariamente proveerse con un titular”.

Por lo mismo en la Contraloría el comentario obligado es que ante la inacción del gobierno, este era el único escenario posible. Las mismas fuentes señalan que, a diferencia de otros servicios públicos, la Contraloría tiene la particularidad de que la mayoría de sus cargos -sobre todo los de la plana directiva- son de exclusiva confianza del contralor. Por lo tanto, en caso de que en el futuro el contralor titular sea alguien distinto a Pérez, podrá remover a los nuevos jefes titulares sin mayores obstáculos.

Pese a eso, en privado algunos senadores no ven con buenos ojos los movimientos que ha hecho Pérez en la Contraloría, ya que, dicen, se trata de decisiones que le corresponden al futuro contralor titular. Además comentan que mientras más pase el tiempo, Pérez se seguirá consolidando en su cargo. Si bien hasta el momento las subrogancias de Rojas o Arriagada fueron más largas -de cerca de nueve meses-, dichos precedentes no son comparables.

En ambas ocasiones los gobiernos de la época no tardaron tanto en nombrar a un candidato. En las dos experiencias el Ejecutivo rápidamente mostró sus cartas. Lo hizo, por ejemplo, con Pablo Ruiz-Tagle, y en el periodo posterior, con Enrique Rajevic. Los problemas ahí no pasaron por la complejidad de nominar a un candidato, sino que el traspié se debió a que ambas cartas de La Moneda fueron rechazadas por el Senado. Por eso fue que, respectivamente, el Ejecutivo terminó con Ramiro Mendoza y Bermúdez.

Es por eso que hay quienes creen que Pérez podría marcar un récord con una de las subrogancias más largas de la historia de la Contraloría. El gobierno está enredado con los nombramientos pendientes y pese a que la contralora (S) tiene los votos en el Senado, La Moneda no moverá su nombre todavía, ya que, por ahora, el diseño es resolver los nombramientos pendientes de la Corte Suprema.

En el último tiempo no pasó inadvertido que, el jueves de la semana pasada, Pérez se reuniera con el senador Rodrigo Galilea (RN). El parlamentario y timonel de RN es considerado el negociador clave de todos los nombramientos en el Senado. De hecho, fuentes de la Cámara Alta, cuentan que en un inicio Galilea mostró algunos reparos a la opción de Pérez. Si bien la reunión, que es pública y está registrada en la agenda de la contralora (S), fue para hablar sobre temas como el acuerdo Codelco y SQM, para varios actores del sistema es una señal de que el nombre de Pérez ya decantó en el Senado. De hecho, en la bancada de senadores RN la mayoría ya tiene cerrado su voto a favor en caso de que el Ejecutivo se incline por Pérez.