Cuando un funcionario público tiene licencia médica, el servicio en el que trabaja le paga su remuneración de forma íntegra. Sin embargo, si el permiso de salud es rechazado -y por lo tanto el Estado no puede cobrarle a Fonasa o a la Isapre ese importe que ya pagó-, entonces el trabajador debe devolver el dinero. Eso le pasó a la consejera regional PC y funcionaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Danae Prado Carmona, quien entre 2018 y 2019 presentó 11 licencias que resultaron rechazadas. El ministerio le solicitó la restitución de esos fondos, pero ella le pidió a Contraloría que le condonen al menos gran parte de la deuda, que suma $14.807.790.
Prado es periodista y es esposa del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. En Mujer trabaja como profesional en la División de Políticas de Igualdad, donde percibe alrededor de $4,4 millones brutos, mientras que su rol como consejera regional le reporta $1,8 millón bruto adicional. En total, sus ingresos brutos mensuales llegan a los $6,2 millones.
PRESCRIPCIÓN
El reclamo ante Contraloría lo interpuso Prado en mayo pasado, afirmando que en abril de este año se le notificó que debía devolver el dinero, por lo cual, a su juicio, la mayoría de las licencias estarían prescritas. En ese caso, dice, sólo tres permisos quedarían vigentes para cobro, sin embargo también le pidió a la Contraloría que las reconsidere.
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género explicó a El Líbero que como Prado, hay otros funcionarios en la misma situación, por lo que la subsecretaría está realizando las gestiones para recuperar el dinero de esas remuneraciones.
Si bien se excusaron de dar a conocer cuántos funcionarios están siendo requeridos para devolver el dinero de licencias rechazadas y cuánto dinero han recuperado, agregaron que “durante la actual administración se han adoptado medidas dirigidas a todas las funcionarios y funcionarios del ministerio que se encuentren en situaciones similares, destinadas a recuperar recursos pagados por licencias médicas rechazadas, algo que no se había implementado previamente. Además, se actualizó la resolución exenta que regula el procedimiento de gestión de licencias médicas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y garantizar un manejo transparente y riguroso de los recursos públicos”.
En el caso de Prado, acotaron, ella “reclamó ante el órgano contralor que las licencias tenían recursos pendientes, además de alegar prescripción, dado que las licencias son del año 2018 y 2019. Hasta la fecha la Contraloría no ha resuelto la reclamación presentada por la funcionaria y la subsecretaría está en espera de esa resolución para proceder al cobro, si así lo determina el ente contralor”.
Según fuentes de El Líbero, a Prado no sólo le cobraron el dinero en abril de este año, sino que existen mails de los años 2022 y 2023 donde Mujer le requiere a la funcionaria información sobre la apelación de las licencias rechazadas, sin que hubiese remitido esos datos necesarios para recurrir a la condonación o parcialización del cobro.
De esta forma, Contraloría podría tomar en cuenta que las acciones de cobro comenzaron hace más de un año, lo que entorpecería sus intenciones de prescripción.
LARGA AUSENCIA DE PRADO EN MUJER
Prado trabaja en el Ministerio de la Mujer desde que comenzó a funcionar en 2016. Por ese entonces fue jefa de prensa de la primera ministra de la Mujer, Claudia Pascual (PC). En ese cargo estaba a contrata (grado 5) y percibía unos $3.212.845 (líquidos a diciembre de 2017).
En marzo de 2018 comenzó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y asumió como ministra de la Mujer Isabel Plá. Aunque a Prado se le mantuvo su grado y su sueldo, se le quitó la jefatura y quedó como “Profesional del departamento de comunicaciones”. Sin embargo, poco más de un mes después, Prado se ausentó de sus labores por razones de salud, licencias que se extendieron hasta junio de 2019 y se empalmaron con su prenatal. Las licencias antes del prenatal son las que habrían sido objetadas.
Como después sobrevino la pandemia y el teletrabajo, a Prado se le vio poco en la administración anterior, donde en 2021 pasó a depender del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas.
En mayo de 2022, bajo el mando de la ministra Antonia Orellana, Prado cambió de función y de grado. Ahora figura en Transparencia como profesional en División de Políticas de Igualdad y aunque bajó de grado 5 a 7, su sueldo sigue siendo de entre $2,8 millones y $3 millones líquidos.
Ese cambio coincide con que ese mismo año asumió el desafío de ser consejera regional (core). En estas últimas elecciones, Prado fue reelecta.
QUE DICE LA LEY
Según el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, “la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”.
También existen fallos similares recientes, como el de Contraloría Regional de Valparaíso, que este año ordenó a una funcionaria devolver en cuotas más de $15 millones de 12 licencias rechazadas.
En la Ley de Presupuestos de 2024, en la partida de Mujer se contaba con más de $300 millones por concepto de “recuperaciones y reembolsos por licencias médicas”, mientras que en el proyecto de 2025 la cifra es similar. Pero ¿qué pasa si un ministerio no logra recuperar licencias médicas rechazadas?
Cuando definitivamente no se pueden cobrar dineros, puede ocurrir el castigo de la partida contable del ministerio, donde -explica la Superintendencia de Seguridad Social- se reconoce esa pérdida previa autorización del titular de esa cartera y del ministro de Hacienda. En este caso, de Antonia Orellana y Mario Marcel, respectivamente.
Quién es Danae Prado
Prado es periodista y según ella misma cuenta en redes sociales, antes de llegar a Mujer, se desempeñó como periodista del Partido Comunista, en la Radio Nuevo Mundo, El Siglo y en el Colegio de Periodistas.
En 2008 intentó ser concejala de Ñuñoa, pero los 2.808 votos que obtuvo (3,10% del total), no le alcanzaron para llegar al municipio. En cambio, en las elecciones de 2021 fue electa consejera regional con 22.198 votos (6,54%).
Su cercanía con la política viene de familia. Su tío materno es Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista y su padre fue un integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que murió tras la explosión de un artefacto en Radio Agricultura en 1983.
Su marido, Nicolás Cataldo, no sólo es ministro de Educación, sino que es parte del Comité Central del PC.
