El período de Dávalos comenzó en marzo de 2014 y terminó con la abrupta renuncia del cientista político en febrero de 2015 tras estallar el caso Caval.

En específico, Turres pidió investigar la supuesta emisión de un vale vista por $ 1.500 millones, luego de que se hiciera una denuncia a través de las redes sociales.

La petición de la parlamentaria fue analizada por la Contraloría durante cinco meses, tiempo en el que la instancia realizó un “Informe investigación oficial” a la Dirección Sociocultural, cuyo documento fue evacuado el  24 de junio.

El texto de 24 páginas detalla una exhaustiva fiscalización enfocada, según describe “a examinar el 100% de los gastos” del organismo durante la fecha de gestión de Dávalos. Esto corresponde a  “desembolsos por concepto de actividades propias de esa dependencia, honorarios y dos fiestas de Navidad que, en total, suman $789.521.524 millones”.

Respecto a la denuncia de Turres, la fiscalización lo desestimó por no existir antecedentes al respecto.

Sin embargo, la Contraloría estableció una serie de cuestionamientos sobre el sistema de contrataciones que Presidencia desarrolló durante ese período.

Al inicio del documento, el ente fiscalizador alertó que a la fecha de la investigación, Presidencia “no había practicado revisiones a los gastos asociados a la Dirección Sociocultural por cuanto esa materia no fue incorporada en el plan de auditoria de los años 2013 a 2015”.

El documento describe que Presidencia “realizó contrataciones mediante trato directo” -es decir, la adjudicación de un contrato sin licitación previa-, en actividades como la fiesta anual de navidad y la exposición “Escultura en La Moneda”.

El ente fiscalizador recomendó para ambos casos, a futuro, realizar una licitación, argumentado que el trato directo es una modalidad “excepcional”.

En el caso de la fiesta navidad, afirma que “considerando los montos involucrados y que se trata de actividades que esa  repartición conoce con antelación (…) se estima recomendable efectuar procesos licitatorios para llevar a cabo tales exposiciones”. Respecto a la exposición de esculturas, el texto señala que “se requiere una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia”.

Además, el documento de la Contraloría cuestionó el mecanismo de contrato a honorarios, que en el período fiscalizado tuvo un desembolso de casi $ 170 millones. Según el documento, “los contratos a honorarios de las personas que allí trabajaron debieron contener en sus cláusulas las labores específicas que estaban obligadas a cumplir”.

Esto, argumentando que “en una buena administración debe existir certeza sobre la función para la cual fueron contratados”. El texto especificó que “desde el punto de vista de la fiscalización, se debe comprobar que esa función guarda relación con el desarrollo del programa Apoyo a las actividades de la Presidenta de la República”, cargo por el cual se generaron dichos contratos.