Una auditoría de la Contraloría General de la República en materias de personal y remuneraciones determinó que ocho ex funcionarios de Gendarmería entre quienes se acogieron a retiro en 2015 lo hicieron con pensiones sobre el límite de imponibilidad de 60 UF ($2,5 millones), y que existen funcionarios actualmente afiliados a Dipreca que no cumplen con los requisitos para jubilarse por esa vía.
Revisadas las remuneraciones de los años 2014 y 2015 -señala el informe- se verificó, además, que se le concedieron estipendios en los meses precedentes a su retiro, que incidieron en la base de cálculo de las correspondientes pensiones.
La Contraloría dijo que instruirá un sumario administrativo, a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que se deriven de los hechos expuestas.
Además, el informe evacuado por el ente fiscalizador el pasado viernes 6 de enero detalla que quedan adscritos al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) los oficiales y vigilantes penitenciarios de planta de Gendarmería, y los profesionales de planta -directivos, administrativos, técnicos, auxiliares, entre otros- que presten servicios de forma permanente dentro de una unidad penal.
Sin embargo, la Contraloría detectó que figuran como imponentes 90 funcionarios de Gendarmería en calidad de contrata; 63 de los cuales, además, no se desempeñan en unidades penales.
Sin embargo, tras atender las réplicas de Gendarmería, el organismo fiscalizador determinó que 38 de los 90 conservan cargos que se consideran de planta, por lo que de todas maneras «Gendarmería de Chile deberá comunicar a Dipreca acerca de las situación que afecta a los 52 funcionarios restantes que no cumplen con uno de los requisitos para estar adscritos al referido régimen previsional, esto es estar en la planta de la institución para que esa entidad adopte las acciones procedentes sobre la materia, lo que deberá acreditarse en un plazo de 60 días».
En otras materias que incluyó la auditoría, durante el último trimestre de 2015 y primer semestre de 2016, «no fue posible determinar el cumplimiento efectivo de la jornada de 44 horas semanales de parte de los funcionarios, por cuanto estos no registraban la hora efectiva de ingreso como su posterior salida, sin que existiera por parte de la autoridad competente alguna observación que justificara las inasistencias, de tal manera que al no existir respaldo formal de aquello, no hay constancia del cumplímiento de la jornada para la cual fueron contratados. Tampoco se advierten descuentos por atrasos e inasistencias».
Contraloría indicó que Gendarmería deberá implementar las medidas de control pertinentes con el objeto de asegurar que todos los funcionarios registren su jornada laboral en los sistemas dispuestos al efecto para ello, dando así cumplimiento a la jornada laboral obligatoria establecida en la norma, disponiendo en su caso los descuentos que procedan por el tiempo no trabajado, lo que será objeto de revisión en próximas auditorías a realizar sobre la materia. (Emol)
