La Contraloría General de la República se pronunció esta tarde respecto al instructivo divulgado por el Gobierno el pasado 17 de abril, en el que ordenaba el «retorno gradual y seguro» para que los funcionarios públicos retomaran las actividades presenciales.
En el dictamen N° 9.762, con fecha del 10 de junio de 2020, el ente fiscalizador estableció como ilegal dicho oficio y sostuvo que la Dirección Nacional del Servicio Civil «carece de atribuciones» para haberlo emitido.
De acuerdo al organismo, la ley establece que las competencias del Servicio Civil «se relacionan con la implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y altos directivos», y no así con la materia del instructivo, «el cual básicamente se refiere a un plan de retorno gradual de los funcionarios públicos».
En ese sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia, Contraloría enfatiza que es el jefe superior de los respectivos servicios «quien posee las facultades de dirección, administración y organización, por lo que corresponde a esa superioridad, en la actual situación de emergencia, adoptar, mantener, graduar o cesar las medidas extraordinarias de gestión de personal necesarias«.
Todo esto, «considerando la obligación de proteger la salud de sus funcionarios y la población usuaria, sin desatender la continuidad del servicio, observando siempre las directrices que fije la autoridad sanitaria», agrega el ente fiscalizador.
La publicación del instructivo en cuestión ya había abierto controversia entre el Gobierno, oposición y especialistas, considerando que en esa fecha el virus estaba en plena etapa de propagación y aún faltaban semanas para se alcanzara el peak.
Asimismo, establecía que el plan debía ejecutarse de forma gradual entre abril y mayo, e incluía a todos los funcionarios públicos que no se encontraran haciendo uso de licencias médicas o dentro de los grupos de riesgo.
EMPLEADOS PÚBICOS
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (Anef), José Pérez Debelli, valoró el dictamen de la Contraloría General de la República que estableció como “contrario a derecho” el instructivo del Servicio Civil con directrices para el retorno gradual de los funcionarios estatales al trabajo presencial.
“Valoramos positivamente el dictamen”, señaló José Pérez Debelli, destacando que hubo una coordinación de diversas organizaciones para solicitar el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
A su juicio, la intervención de la Contraloría “permitió despejar claramente lo que hemos dicho también desde la Anef que significa que el foco hoy día es el ser humano, frente a esta pandemia mundial, su salud y la vida está por sobre todas las cosas”.
“Esto sanja incluso la intervención del Servicio Civil en un ámbito que no le corresponde, por lo tanto también tiene una derivada positiva que ordena el criterio político del Gobierno y también de los jefes de servicios y de cualquier repartición a lo largo de todo el territorio nacional de que no puede insistirse en pretender hacer volver de manera natural frente a una pandemia que nos está matando a los chilenos y chilenas y a los más desprotegidos principalmente”, agregó.
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José Pérez Debelli sostuvo que el dictamen “es una buena señal”.
“Es una línea que es correcta, que asegura, insisto, el resguardo y la protección de la vida”, dijo, cuestionando al Gobierno por “mensajes erráticos” y señalando que espera “que con esto deje de exponer a las funcionarias y funcionarios públicos”.
Además el presidente de la Anef aseguró que “seguiremos trabajando en sistemas de turno, atendiendo usuarios y hay un grupo que está en sus casas trabajando de manera remota temporal, también conectado con los servicios con su propios insumos, su computador, su internet”. (Emol La Tercera)
