Ante los recientes hechos de violencia que han afectado la Región Metropolitana y en pos de “la necesidad de actuar con mayor urgencia en los temas vinculados con la seguridad pública”, la Contraloría General de la República anunció que tomó la medida de priorizar la toma de razón de actos administrativos relacionados a materias de seguridad.
Esta decisión se enmarca en la normativa de que, para llevar a cabo ciertos actos administrativos, estos deben pasar por la toma de razón de la Contraloría para ejecutarse, la cual está sujeta a un plazo legal de 15 días hábiles.
Según explicaron fuentes del organismo, la priorización de la toma de razón de estos actos fue ordenada hace algunos días. Medida a la que se sumó la reducción del plazo para el estudio de juridicidad de los actos a cinco días hábiles desde su ingreso a Contraloría para su toma de razón.
En el instructivo dictado por el organismo para priorizar la tramitación, se estipula que los equipos a cargo de evaluar la juridicidad de los actos administrativos vinculados a seguridad pública, “deberán abocarse a ellos con especial dedicación y prioridad”.
Asimismo, en el documento se dan una serie de directrices a seguir con el fin de acelerar la diligencia de estos actos: en caso de objeciones de legalidad, se debe contactar al servicio emisor durante el mismo plazo de cinco días hábiles y, de realizarse cambios, el organismo deberá volver a revisar su legalidad de manera expedita.
Al mismo tiempo, instruyeron que la priorización para la tramitación de actos administrativos sobre temas de seguridad pública deberá ser cumplida por todas las dependencias de la Contraloría a nivel nacional, ya sea que estén encargadas de su ingreso, distribución, despacho, notificación, soporte o cualquier otra gestión.
En el instructivo, Contraloría advierte que los plazo señalados no son aplicables para proyectos de gran envergadura, “ni otros actos administrativos equivalentes, que por su propia naturaleza demanden mayor tiempo para su correcto control, lo cual será calificado, en cada caso, por la jefatura”.
“Se reitera que la Contraloría General de la República, conforme a su mandato constitucional, debe orientar todos sus esfuerzos para ejecutar sus funciones de la manera más oportuna y proactiva posible en beneficio de la ciudadanía”, cerraron.
