La Contraloría General de la República reveló este lunes que entre 2020 y 2023, el Registro Civil pagó más de 7 mil millones de pesos en proyectos de software que nunca se ejecutaron.
En detalle, 7.597.887.848 fue el monto que pagó el organismo para la mantención y soporte evolutivo de software para la implementación, entre otros de proyectos como la ley de matrimonio igualitario; la solicitud de copia de partidas de nacimiento por Internet; y la implementación del nuevo motor de agendamiento en línea de trámites de renovación de documentos de identidad, matrimonio y acuerdos de unión civil, que finalmente no se convirtieron en productos funcionales para dicha repartición.
En el caso de la ley de matrimonio igualitario, el objetivo era reemplazar el sistema vigente de registros y acuerdos de unión civil. «Se detectó que el director nacional de la época no adoptó las medidas para la corrección de la iniciativa antes de autorizar pagos asociados, lo que condujo a que el nuevo sistema registrara fallas y se volviera a utilizar el antiguo», indicó el ente contralor.
Los programas de software tampoco tuvieron utilidad para la solicitud de copia de partidas de nacimientos por internet. «Este permitiría pedir partidas de nacimiento de manera online desde Chile o el extranjero. En este caso, el sistema desarrollado a partir de 2021 debió ser dado de baja al no ajustarse a los requerimientos operativos del SRCeI, afectando con ello los tiempos involucrados en el trámite para quienes vivían en el extranjero», señaló Contraloría.
«Respecto de la puesta en marcha del nuevo motor de agendamiento en línea, de trámites de renovación de documentos de identidad, matrimonio y acuerdos de unión civil, la CGR advirtió que el sistema habría presentado complicaciones técnicas, que durante el tiempo que operó, significaron una disminución en los cupos disponibles en las oficinas del Registro Civil, así como un aumento en los plazos para agendar horas de atención.
En este caso, el SRCeI tampoco arbitró medidas para exigir a la empresa proveedora la corrección de estas falencias antes de autorizar su pago», explicó el organismo.
Debido a la presunta constitución de delitos explicados anteriormente, la Contraloría remitió el informe a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado para que tomen las acciones correspondientes. (Emol)
