La discusión sobre las contribuciones, impuestos territoriales pagados por algunos ha perdido el foco. Es un tema de justicia y de igualdad ante la ley, no un problema de recaudación. Que las municipalidades dejen de percibir dineros que no corresponden es algo necesario; que esto perjudique sus arcas fiscales, eso es otro problema. Las contribuciones son un impuesto injusto que rompe la igualdad ante la ley, principio intrínsecamente democrático.
Si establecemos en la Constitución que el derecho a la vivienda es un derecho que debe ser garantizado, no podemos cargar con impuestos a algunas viviendas por el sólo hecho de su avalúo fiscal.
El gran avance civilizatorio fue erradicar la violencia como una forma de hacer política. Esto es sin duda algo nuevo, muy nuevo, hasta fines del siglo XVIII los problemas en política se resolvían con la “ley de la selva”, el más fuerte imponía su visión sobre el otro y la violencia física era la forma. En política se “mataban” en un sentido literal. La idea de la soberanía popular y del voto como forma de resolver los problemas, dejaba fuera toda opción de validar la fuerza. Un requisito “sine qua non” para ser democrático es abandonar la fuerza para imponer ideas. Junto con esto, un avance fundamental que trajo la democracia fue establecer la igualdad ante la ley, que implicaba que no podía haber ciudadanos de distintos órdenes o peso. Se terminaba con los privilegios (prebendas, jurídicas y tributarias entregadas por el estado a ciertos estamentos). Ahora y desde entonces todos son iguales al menos ante la ley, ya que todo ser humano es una persona individual muy distinta a todos los demás.
Las contribuciones es un impuesto que se basa en romper la igualdad ante la ley, ya que una persona que postula a una vivienda social, que es pagada desde impuestos generales, al recibirla se establece que el Estado en ninguna circunstancia se la pueda quitar. Hay familias que postulan a varios subsidios y que a veces hasta subarriendan. Claro, ese no es el espíritu de la ley, pero con la ley se pueden establecer negocios con los subsidios. Por otra parte, quien trabaja toda la vida para tener su casa propia, pide un crédito y sin aún ser dueño de la casa, ya que está pagando el crédito, paga impuestos territoriales, contribuciones por el bien completo. Cuando termina de pagar las cuotas al banco y es propietario paga “arriendo” por su propia casa al Estado y cuando jubila y como persona pasiva ya no puede pagar, no tiene más opción que vender su casa ya que si no, el Estado se la quita.
O sea, a un grupo no les pueden quitar la casa bajo ninguna circunstancia y a otro cuando no pueden pagar sea cual sea la razón, se las pueden quitar. Esto es un atentado flagrante contra la igualdad ante la ley y contra el concepto de la vivienda como un derecho.
Con alegría y esperanza muchos celebramos tocar este tema, ya que este impuesto primero provisorio y luego permanente, es algo de extremo injusto. La justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo. Nada más injusto que quitarle la casa a alguien que pagó en la vida esa propiedad y junto a ella todos los impuestos relacionados, por el hecho de que esa persona ya no puede pagar. Injusto es tener que pagar “arriendo” al Estado por lo que es propio. Es propio o no lo es. Si la vivienda es un derecho, este impuesto atenta contra ese derecho y eso no tiene que ver con el poder adquisitivo ni con la tasación de la propiedad. Si es un derecho es para todos por igual y es ahí donde la igualdad ante la ley debe siempre primar.
Que las municipalidades vean mermados sus ingresos, los deberá obligar a ser creativos. Dicen que con estos dineros retiran la basura y otros servicios, si es así, otra vez faltan con la igualdad ante la ley porque algunos pagan y otro no. No hay duda de que los vecinos preferirían pagar la cuenta a una empresa por retiro de basura y otros antes que pagar un impuesto que no corresponde. La justicia tributaria, no es sólo que quienes tengan más paguen más, sino que paguen lo que corresponde y no más ni menos. Este impuesto nunca corresponde y es confiscatorio y extremadamente injusto.
Es una esperanza que el tema esté hoy sobre la mesa por las discusiones del Consejo. Esperemos que más allá de si la Constitución se aprueba o no, este injusto impuesto que atenta contra un principio esencial de la democracia sea abolido para todos. (El Líbero)
Magdalena Merbilháa
