Recientemente, el Ministerio de Hacienda anunció la capitalización de Codelco con US$ 975 millones, noticia que bajó un poco la tensión que se generó tras saber que la estatal tuvo que recurrir a deuda para pagar la Ley Reservada de Cobre. Aunque se ve positivo que casi la mitad de estos fondos se financiarán vía la propia Ley Reservada, sigue siendo urgente la modificación de dicha norma para aliviar las obligaciones de Codelco hacia el financiamiento de la defensa nacional. Con la misma urgencia, debería trabajarse además en la implementación de un sistema de control efectivo sobre los gastos públicos relacionados con la seguridad del Estado que son considerados reservados.
En los últimos diez años, Codelco ha entregado en promedio US$ 1.216 millones (de 2015) anualmente para financiar a las FF.AA. Este monto corresponde casi al 70% de lo que el Estado gasta en atención primaria de Salud (2015), o equivale al gasto público de 17 hospitales de alta complejidad, como el Hospital Padre Hurtado (2015). Pese a tratarse de montos relevantes para el presupuesto de nuestro país, ya se ha confirmado la ausencia de un sistema de control y supervisión eficiente, sistemático y seguro de dicho gasto, como señaló el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el millonario fraude en el Ejército bajo la Ley Reservada del Cobre, publicado en agosto de 2016.
Dicho informe, señala que hubo una cierta sobrevalorización de la confidencialidad de los gastos relacionados con la seguridad nacional, abriendo de esta manera espacios a gastos ineficientes e ineficaces que, además, favorecían la concurrencia de hechos ilícitos y la apropiación indebida de fondos públicos. Como se demostró, existían pagos sin respaldos, falta de control sobre la recepción de los bienes comprados, deficiencias contables, documentación faltante en los procesos de compras, entre otros.
Junto con considerar grave que varios ministros de Defensa –tanto del Gobierno de Sebastián Piñera como del actual de Michelle Bachelet– no habían adoptado políticas o programas específicos para controlar los recursos asignados a las FF.AA, queda como desafío principal mejorar el control externo a estos fondos, sin nuevamente sobreinterpretar su confidencialidad.
La reserva establecida sobre los fondos de la Ley Reservada debiera verse solo en relación con información que afecte la seguridad nacional, y no por el solo hecho de estar relacionado con las FF.AA. Ello implica que la Contraloría General de la República, institución a cargo de las auditorias reservadas a las FF.AA, debería publicar los resultados de estas auditorías, para así incentivar tanto un control social sobre este proceso, como también facilitar fiscalizaciones más eficientes y efectivas. Como parte de este proceso, podría elaborar indicadores claves que no contendrían información sobre procesos confidenciales de las FF.AA, pero sí revelarían qué tipo de hallazgos hubo en las auditorÍas y cuáles eran las acciones derivadas y los resultados finales en el ámbito civil, penal y administrativo.
Aunque la Contraloría ya publica un listado de sus auditorías reservadas, este es de reducida utilidad, porque no revela hallazgos como reparos, sumarios o denuncias, ni resultados finales como condenas penales, reintegros al fisco o multas a funcionarios públicos.
Aparte de este tipo de publicidad requerida –que no se contradice en nada con la reserva establecida sobre la seguridad nacional– debería pensarse además en complementar las actuales auditorías ex post con un modelo de “auditorías continuas” de las FF.AA desde Contraloría, dado el alto riesgo que implica disponer de fondos reservados, y considerando, además, las posibilidades tecnológicas actuales.
Se trata de un tipo de auditoría que permitiría la emisión de conclusiones casi en tiempo real, o en corto periodo de desfase después de la ocurrencia de los hechos relevantes. De esta manera, los esfuerzos de los auditores se reducirían, dada la automatización que se podría lograr tanto para las auditorías orientadas a detectar la ocurrencia de riesgos o aquellas orientadas a detectar incumplimiento de controles internos. Vía las auditorías continuas, el control externo al gasto público de las FF.AA tendría un énfasis preventivo, más allá del efecto correctivo de las auditorias ex post, cuando los daños ya están producidos, y cuando la tardanza en detectarlos facilita la magnitud del respectivo daño fiscal.
