El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, fue consultado este jueves por los allanamientos simultáneos que realizaron las policías este jueves, en oficinas del Serviu y la Seremi de su cartera. Todo esto en el marco de la investigación por el caso Convenios.
“Desde que el fiscal de la comuna de Iquique, en Tarapacá, resolvió llegar al Ministerio, nosotros nunca entendimos muy bien por qué lo hacía, porque esa misma información la podía haber solicitado”, aseguró el secretario de Estado.
Recalcando que “hoy día está, efectivamente, haciendo visitas, porque hasta ahora no han sido allanamientos. Son visitas pidiendo determinada información en ocho regiones, una de las cuales es la región Metropolitana, que en este momento está la PDI”.
“Hasta donde sabemos, han pedido un computador e información sobre dos instituciones, Enred y Enlace Urbano, que son las instituciones que el propio Ministerio de la Vivienda denunció en el caso de Tarapacá, porque descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y tenía que hacerlo el Ministerio Público (…)”, manifestó Montes.
En este sentido, el ministro dijo que “si necesitan llevarse el computador, que se lo lleven, pero que lo devuelvan más o menos luego, porque se requiere para trabajar, y a su vez la información que requieran, que no la tengamos en ese momento disponible, entregársela posteriormente”.
Según Montes, “el allanamiento es algo forzado” y “esto es una cosa de común acuerdo”. “Llegan allá, piden la posibilidad de solicitar cierta información, entran, solicitan esa información y eso es lo que se está haciendo”, precisó.
La instrucción que ha dado Montes a las distintas divisiones, en torno a estos procedimientos, es que “pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado”.
“Personalmente, fui, a pocos días después de que explotó el caso de corrupción en Antofagasta, fui yo con parte del equipo del Ministerio a entregar toda la información que nosotros teníamos al respecto, antes de que ellos nos la solicitaran, porque creemos que hay que descubrir el fondo y que sean sancionadas las personas que han cometido los delitos y que a su vez, nosotros saquemos todas las lecciones para que esto no se vuelva a repetir (…)”, argumentó la autoridad.
En tanto, respecto a los allanamientos, Montes dijo que la información que tiene, desde las distintas instancias del Ministerio, “que ellos fundamentalmente están buscando información sobre dos fundaciones: Enlace Urbano y Enred”.
“Esa es la información que en este momento tengo, que fue lo mismo que vino a hacer a Santiago el fiscal la otra vez, a buscar información de esas dos instituciones directas o relacionadas con esas fundaciones”, comentó el ministro.
Finalmente, el secretario de Estado reiteró que “en ambos casos, estas dos fundaciones, quien hizo la denuncia, quien planteó que había que investigarla y saber exactamente lo ocurrido, es el propio Ministerio de la Vivienda”.
OPERATIVO TRANSCURRIÓ CON NORMALIDAD
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegó durante esta jornada múltiples operativos en distintas ciudades del país en el marco del Caso Convenios, en particular por las transferencias realizadas a las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano.
La PDI llegó hasta las Secretaría Regionales Ministeriales de Vivienda de las regiones de Arica, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, La Araucanía, Los Ríos y la Metropolitana, y lo mismo ocurrió en los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) de dichas regiones.
Esto porque las ocho seremis involucradas no han entregado antecedentes sobre los montos al Consejo de Defensa del Estado. Esta diligencia se limitó a un registro e incautación voluntaria por parte de las brigadas de delitos económicos y de anticorrupción de cada una de las regiones.
En particular se instruyó el levantamiento de información digital, la recolección de documentos y la búsqueda de elementos que sean relevantes para la causa.
Este operativo fue solicitado por la Fiscalía Regional de Tarapacá a cargo del fiscal regional, Raúl Arancibia Cerda, y por el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. En medio del procedimiento – que fue dirigido y coordinado desde Iquique – Ríos señaló que «son dos fundaciones que iniciamos la investigación en el mes de agosto del 2023, desde aquel momento hemos estado haciendo una serie de diligencias en nuestra comuna».
Agregó que «desde el mes de diciembre se entregó la responsabilidad al fiscal regional de Tarapacá y a quien habla, para continuar a nivel nacional la investigación de ambas fundaciones, lo cual implicaba a nueve regiones. El día de hoy se están realizando diligencias en ocho de estas de manera simultánea».
Sobre la simultaneidad del operativo, el fiscal jefe de Iquique explicó que no se trata de una estrategia nueva, si no que es para «asegurar la diligencia, que no se alerten entre los servicios y asegurar la adecuada coordinación para que se desarrolle correctamente». Asimismo, aseguró que los procedimientos se realizaron con «normalidad».
Además, señaló que se están investigando $3.500 millones en términos de convenios. Asimismo, dijo que hay «gran información documental que aún está siendo procesada y con esta recaudación habrá más información». (Emol-Bio Bio)
