Como ha sido habitual en las últimas semanas, un grupo de funcionarios del Gobierno Regional (Gore) de Coquimbo protestó ante el frontis del edificio de la repartición publica con carteles en contra de la gestión de la gobernadora Krist Naranjo (Ind.).
Sin embargo, en esta oportunidad su manifestación tuvo un argumento adicional: hace solo unas horas se había conocido una nueva denuncia que involucra a la autoridad.
El Ministerio Público indaga denuncias relacionadas con presuntas extorsiones a sus funcionarios de confianza para reunir fondos que serían destinados a su campaña de reelección.
La entrega de los antecedentes la realizó el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI). El legislador sostuvo que recibió la denuncia por parte de un exfuncionario del Gore, quien le dijo que habría perdido su trabajo tras negarse a dar $50 mil mensuales de su salario. Fuenzalida afirmó que presentó ese y otros antecedentes en abril en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, en Santiago.
«Aquí eventualmente podría haber un delito de defraudación, de malversación de fondos públicos y a diferencia de las otras denuncias, que son administrativas, esta es una acción penal, y con respecto a estos delitos, por ser cometidos por funcionarios públicos, tienen asociadas penas de cárcel que podrían significar reclusión y perder el cargo», añadió.
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