El subsecretario del Interior, y futuro ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó la protesta que pescadores realizan en diferentes puntos del país por el proyecto de ley de fraccionamiento, y que ha derivado a una serie de episodios violentos con resultado de carabineros lesionados y vehículos policiales quemados.
Este jueves en la bahía de Valparaíso, manifestantes intentaron tomar por la fuerza una lancha de la policía marítima, lo que se suma al bloqueo total que los pescadores realizaron sobre el puerto durante la jornada.
Consultado respecto a si el Ejecutivo adoptará medida más severas contra los desmanes, el subsecretario aseveró que los hechos registrados en las inmediaciones del Congreso, en el borde costero, y en la región del Maule, «son acciones violentas que no solo el Estado repudia sino que además de eso están ejerciendo acciones legales contra quienes las han ejecutado».
Además, detalló que «las estrategias operativas de carabineros de Chile y particularmente de COP, las estrategias operativas se han ajustado estrictamente al protocolo de intervención. Ese protocolo de intervención suponía entonces intervenir en aquellos casos que se estuvieran afectando bienes de terceros o se interrumpiera severamente el ejercicio de derechos de otras personas. Quienes participaron de esas manifestaciones no sostuvieron ninguna condición de diálogo con lo cual Carabineros de Chile tuvo que intervenir y lo va a hacer así cuantas veces sea necesario».
Dicho eso, insistió que «los manifestantes tienen el legítimo derecho a expresar sus opiniones, pueden discrepar de lo que se discute en el Congreso. A lo que no tienen derecho porque la Constitución no se los permite, es amedrentar con manifestaciones fuera del Congreso Nacional y en segundo lugar a atentar en contra de bienes públicos o derechos de las personas o de funcionarios del Estado».
«Por eso el Ministerio del Interior ha interpuesto querellas respecto de los funcionarios policiales lesionados y en segundo lugar, respecto de los vehículos incendiados. El delito de incendios y los atentados en contra de la autoridad quiero recordar que tienen penalidades altas».
«Dicho de otra manera», continuó la autoridad, «si esas manifestaciones continúan y escalan en la violencia, el Estado va a hacer todo el uso de la fuerza del derecho y las reglas del derecho en este ámbito son muy severas sobre este punto».
En lo que compete al borde costero, «cuya competencia es de la Dirección General de Territorio Marítimo que es donde opera la Policía Marítima, se mantienen las coordinaciones y también mediante los medios operativos que permite la ley, Directemar ha intervenido en esos casos».
«Tampoco el Estado va a aceptar que se bloquee el transporte, en este caso marítimo, porque no hay reivindicación posible que pueda justificar el atentar en contra de bienes básicos en el funcionamiento del sistema militar», cerró. (Emol)
