El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó como «un hecho grave», el caso de un falso testimonio de un beneficiario de pensión de gracia denunciado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), afirmando que si el caso «se basa en antecedentes que no son fidedignos, probablemente va a quedar sin efecto».
Consultado respecto a la situación, Cordero expresó que «esto es producto de una indagación que hizo el propio INDH, el propio instituto emitió el comunicado público dando cuenta que existían inconsistencias entre la versión original que sirvió de base a la querella y las indagaciones posteriores que ellos han realizado».
«Es un hecho grave como ha dicho el INDH, porque afecta la confianza pública, el desempeño de la institución y la buena fe sobre la cual se debe operar en este tipo de cosas», sostuvo Cordero.
En esa línea, el ministro comentó que «el Gobierno ha tomado conocimiento y efectivamente el Ministerio del Interior está evaluando los antecedentes para iniciar el proceso de revisión. Si se basa en antecedentes que no son fidedignos, esa es una pensión de gracia que probablemente va a quedar sin efecto«.
Sobre el mecanismo de pensiones de gracia, Cordero recordó que «hay consenso del Gobierno y de la oposición, de que el procedimiento que actualmente existe, que es un procedimiento que tiene ciertas precariedades y en consecuencia, es necesario reformarlo y para eso existe una discusión en el Congreso sobre un proyecto de ley».
PARLAMENTARIOS
El diputado Jaime Araya (IND-PPD), consideró que «es una lamentable situación, que nuevamente genera polémica en un tema que ha significado altos costos para el Gobierno. Sin embargo, valoro muchísimo que el propio INDH haya realizado la denuncia a la Fiscalía sobre estos hechos fraudulentos, para que se investiguen y sancionen, así como el retiro de la querella. En consecuencia, el Gobierno debiera inmediatamente revocar el beneficio«.
Ante el tema, el diputado Luis Cuello (PC) opinó que «hay que situar las cosas en su justa dimensión, estamos hablando de un caso que se está investigando donde eventualmente existe un testimonio que no corresponde a la verdad, por tanto, creo que es correcto que se tomen todas las acciones que sean necesarias» como la revocación si corresponde.
No obstante, acotó que «esto en nada puede ocultar que en Chile durante el gobierno anterior se cometieron graves y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos que están ampliamente documentadas en informes de organismos nacionales e internacionales. Un caso, creo que no puede ocultar esa realidad que ha sido silenciada y hay que decir que hasta ahora tampoco la justicia ha avanzado con la celeridad necesaria para castigar a los agentes del Estado que cometieron estos atropellos».
El diputado Cristián Araya (Republicanos) consideró que «aquí la gran pregunta es cuántos otros casos de este tipo hay y que aún no conocemos. Evidentemente este fue otro mecanismo para desviar recursos públicos para instrumentalizar lo ocurrido el 18 de octubre con un interés económico y político. Éstos no son casos aislados, no es gente por iniciativa propia, aislada, hubiese aprovechado esta ‘oportunidad’, sino que aquí hay un sistema».
A su juicio, el «INDH no fiscalizó, hizo eco de cualquier acusación, sin mayor fundamento, búsqueda de antecedentes, de contrastar hechos. Lo que fue utilizado para poder pagar lo que creo son favores políticos de activistas de izquierda».
Araya consideró que los ministerios del Interior y de Justicia, «van a tener que dar explicaciones, porque ya no pueden presentar ninguna excusa para justificar tan grave negligencia. Acá hay gente dentro de los ministerios que están operando en favor de estos estafadores».
«Me parece sumamente grave cómo el INDH presentó muchas querellas durante el año 2019, sin ser capaz de validar todos los antecedentes», expresó el jefe de la bancada de diputados UDI, Juan Antonio Coloma.
Coloma también recordó que «hemos planteado desde el primer minuto el Gobierno revise las pensiones de gracia, no solamente las revoque a aquellas personas que la obtuvieron teniendo antecedentes penales, sino que revise y revoque todas aquellas que fueron obtenidas, sin que existiese, por ejemplo, una sentencia que acreditara el menoscabo. Lo que ocurrió es que con una declaración que nunca se pudo verificar muchas personas terminaron obteniendo pensiones vitalicias».
El diputado José Miguel Castro (RN), piensa que el caso habla de «lo poco prolijo que ha sido este Gobierno con un dejo de poco interés en cuanto al tema. Esto porque todas esas pensiones de gracia y todo lo que involucró a esas personas y esos testimonios obviamente le dieron validez al estallido social, cosa que ellos siempre han levantado y han tenido como gran bandera de lucha, que cada vez se cae a pedazos».
Y añadió que es complejo que con «todos estos testimonios se juzgó a Carabineros, a personas que eran completamente inocentes por haber causado daños que nunca existieron. Creo que el Presidente tiene que hacer un mea culpa claro (…) debería haber un doble chequeo de todas estas pensiones». (Emol)
