La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inicia mañana lunes una semana de alegatos orales en el litigio que enfrenta a Chile y Bolivia por el acceso de este segundo país al Pacífico, que se centrará en si este tribunal tiene competencia para pronunciarse sobre el caso.
Bolivia, después de años de negociaciones con Chile sin lograr una salida al Pacífico a través de una cesión territorial soberana, decidió en abril de 2013 llevar el caso a la CIJ, a la que pidió que declare que Santiago tiene “la obligación de negociar” un acceso soberano completo al océano.
Chile presentó en julio de 2014 una objeción preliminar sobre la jurisdicción de la CIJ, es decir, una invitación a que este tribunal se declare incompetente para pronunciarse sobre el asunto, que será la cuestión sobre la que se centren las audiencias de esta semana.
La CIJ, con sede en La Haya, escuchará el lunes en el primer turno de intervención a Chile, que intentará probar su argumento de que este alto tribunal no tiene competencia para decidir sobre este caso.
La delegación chilena defenderá que las relaciones entre ambos países ya quedaron establecidas por el tratado de paz de 1904, que puso fin a la guerra del Pacífico.
“La Corte no debería entrar a conocer de un tema de fondo como le ha planteado Bolivia, sino que debería dejar que los países sigan su curso bajo las reglas de la diplomacia normal”, aseguraron fuentes oficiales chilenas que también subrayaron que su país, no obstante, respeta a la Corte y colabora con ella.
Chile asegura que el pacto de 1904 estableció que Bolivia “no tiene puerto soberano”, aunque reconoce que no lo dice expresamente sino que se dejó la fórmula abierta porque Santiago aún tenía que negociar su frontera norte con Perú entre las ciudades de Tacna y Arica.
Cuando Chile y Perú cerraron su acuerdo fronterizo en 1929 estipularon que ninguno de los dos podría ceder a un tercero una porción del territorio limítrofe sin el consentimiento del otro, lo que en la práctica implica que si Santiago negocia con Bolivia una salida al mar por Arica, Lima tiene que consentir.
Según la versión chilena, lo que sí reconoce el tratado de 1904 es que Bolivia tiene un acceso de libre tránsito garantizado al mar por puertos chilenos, es decir, sin que Santiago controle el comercio exterior boliviano ni obligue a la nacionalización de los productos que pasan por Chile.
El miércoles será Bolivia la que tenga la oportunidad de exponer sus argumentos.
Según este país, la CIJ es plenamente competente para resolver el caso en virtud del llamado “Pacto de Bogotá”, que creó esta corte en abril de 1948, y que ambos países reconocen.
Bolivia sostiene además que su petición al tribunal internacional es independiente del tratado de 1904, y alega que Chile se comprometió posteriormente a lo largo de los años y de distintos acuerdos, practicas diplomáticas y declaraciones públicas a negociar “un acceso soberano al mar”, según los documentos remitidos a la Corte de La Haya.
El país andino sostiene que la pérdida de su litoral fue producto de una invasión de tropas de Chile, que declaró la guerra mucho tiempo después de haber ocupado la costa boliviana.
En esa contienda, Bolivia perdió frente a Chile 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros de territorio.
“Chile ha incumplido su obligación”, asegura Bolivia, que reclama que respete su compromiso “de buena fe, rápida y formalmente, dentro de un lapso de tiempo razonable y de forma efectiva”.
Esta misma semana el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, adelantó que Bolivia no utilizará argumentos políticos sino “exclusivamente jurídicos” para garantizar la solidez de su planteamiento ante el tribunal internacional.
García Linera dijo que “Bolivia está muy confiada en su punto de vista y en su posición” porque está “apegada a la verdad” y no usará las argumentaciones políticas para hacer valer sus derechos en el alto tribunal de las Naciones Unidas.
“No cabe duda que estamos en un nivel de superioridad jurídica, legal, histórica y moral en nuestro planteamiento”, agregó.
Tras la primera ronda de alegatos orales, lunes y miércoles, ambos países tendrán la oportunidad de volver a intervenir el jueves (Chile) y el viernes (Bolivia), tras lo cual la corte decidirá en primer lugar sobre si es competente para resolver en este caso.
Fuentes oficiales chilenas han apuntado a que la decisión de la CIJ sobre su competencia en el caso se espera para antes de que acabe 2015.
