Un día antes de la Navidad del año pasado, en plena Nochebuena, J.G.Q., de 23 años -cuya identidad resguardaremos para no afectar las diligencias de investigación-, recibió una importante noticia. La más relevante de los últimos cinco años en que estuvo privado de libertad, tras ser condenado por un robo con violencia e intimidación. Estaba en su celda de Colina I cuando, a través de Gendarmería, sus abogadas le informaron que habían logrado que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso de amparo y revocara la decisión de la Comisión de Libertad Condicional que unas semanas antes le había negado el beneficio. Volvía a ser un hombre libre. Había ingresado a cumplir condena cuando sólo tenía 19 años y una vez pasada la mitad de su pena retornaba a las calles de Pedro Aguirre Cerda, comuna que lo vio nacer y en la que vive su familia.
Seis meses después el mismo joven, que mantiene domicilio vigente en la población Lo Valledor, según peritajes del OS-9 de Carabineros e interrogatorios a testigos, es sindicado como el principal sospechoso del asesinato a sangre fría del cabo de Carabineros David Florido Cisternas (33), quien recibió un certero tiro en la frente mientras controlaba a un grupo de sujetos que habrían estado portando armas en Av. La Marina 2850, en el sector sur de la capital. Poco tiempo duró la reinserción social en la que confiaron los jueces que –pese a las advertencias- decidieron otorgar el beneficio de la libertad vigilada. El Décimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención en su contra y a estas horas es frenéticamente buscado por las policías.
El crimen del cabo Florido instaló nuevamente el tema de la violencia en la agenda de seguridad del gobierno. De hecho, este martes la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que están evaluando un proyecto de ley que permita aumentar las penas para quienes terminen con la vida de carabineros o PDI en actos de servicio. Pero, junto con ello, se instalará nuevamente un debate respecto de los beneficios que entrega la justicia, sobre todo teniendo en cuenta que fue la propia autoridad penitenciaria la que sostuvo que pese a que el condenado cumplía con los beneficios objetivos de la ley, ya que había cumplido más de la mitad de la condena y gozaba de buena conducta al interior del penal, aún persistían dudas acerca de si era capaz de reinsertarse en la sociedad, sobre todo -dicen los informes- teniendo en cuenta las amistades delictuales que mantenía en el sector donde residía.
Ya en diciembre de 2021 contaba con las prerrogativas de salida dominical y de fines de semana. Pero si no hubiera accedido a la libertad vigilada, debería haber estado preso hasta marzo de 2024, cuando se cumplía el total de su condena.
En el expediente judicial del sospechoso se da cuenta de la tramitación del amparo. J.G.Q. había sido condenado en 2016 a cumplir una pena de ocho años de cárcel por su participación, junto a otros sujetos, en un robo con intimidación y violencia en una casa de su propia población. Es lo que en el hampa y las policías llaman un “doméstico”, refiriéndose a aquellos que hacen víctimas de sus delitos a vecinos.
La acusación de la fiscalía, en esa oportunidad, sostuvo que “el día 5 de julio de 2016, a las 0.30 horas, aproximadamente, el acusado, en compañía de otros cinco sujetos desconocidos, procedió a ingresar, mediante el escalamiento de la reja perimetral y luego rompiendo la puerta de acceso, a un inmueble de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, para una vez en su interior proceder el acusado, junto a los demás sujetos, a amenazar e intimidar a las víctimas, apuntándolos con elementos con apariencia de arma de fuego, además de golpear a ambas víctimas con objetos contundentes, sustrayendo en definitiva desde el interior del inmueble, con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueña, un bolso color rojo que contenía diversa documentación personal y la suma de $ 180.000 en dinero en efectivo”.
Durante el juicio para graficar la violencia con la que actuó el acusado y su banda, declaró el hijo del matrimonio víctima del robo. Sostuvo en estrado que esa noche “sintió golpes muy fuertes, se acercó para ver qué pasaba, se asoma al pasillo y ve a dos personas intimidando a sus papás, sacándolos de su cuarto; ve a su papá siendo arrastrado por el pasillo, los sujetos estaban armados, apuntando al cuarto, se asustó y se lanzó sobre las personas que estaban atacando a sus papás, con golpes de puño, se puso a pelear en el pasillo de la casa, empujándolos al comedor, siguieron la pelea, tenía agarrado a uno y de pronto sintió un golpe en la cabeza con algo contundente, se le sueltan los sujetos y ve cómo estos escapan”.
Una vez ingresado como reo rematado, consta en los registros de Gendarmería, el sospechoso del asesinato del cabo Florido protagonizó una riña con estoques en la ex Penitenciaría, debiendo ser trasladado a Colina I. En este último recinto es que logró “buena conducta”, que le permitiría postular a la libertad condicional. Sin embargo, recibió el portazo de la Comisión de Libertad Condicional. Sus abogadas, Javiera Morales y Romina Riveros, recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago acusando que era ilegal mantenerlo privado de libertad, pues ya contaba con trabajo y redes de apoyo en el medio externo para reinsertarse. El tribunal de alzada pidió informe a los jueces que integraron la instancia ad hoc.
Es así como la secretaria Olga Alarcón explicó a sus superiores el porqué no habían dado pie al beneficio. “Entre los documentos analizados por esta comisión es posible advertir que el postulante presenta un riesgo medio de reincidencia delictual, con necesidades criminógenas medias en educación, empleo, historial delictual y pares, ya que ha presentado socialización con pares antisociales desde la adolescencia, por lo que si bien reconoce el delito y su participación y no presenta una tendencia a favor del delito como una forma de validación económica, y muestra una actitud favorable a normas y convenciones sociales, se estima que resulta necesario un mayor periodo de observación de los permisos de salida dominical y de fin de semana del cual goza el interno, a fin de evitar el riesgo de reincidencia”.
El caso fue revisado por la Novena Sala, entonces integrada por la ministra (S) Andrea Díaz-Muñoz Bagolini y el abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé. Ambos declararon que la comisión había excedido sus atribuciones y sostuvieron que los informes sicosociales de Gendarmería pueden ser usados a modo de orientación y no para “formarse convicción sobre el pronóstico del comportamiento futuro del solicitante en el medio libre”.
La decisión de una sala, que no contó con ningún juez titular, tuvo eso sí el voto en contra del fiscal judicial Jorge Norambuena, que estuvo por rechazar el recurso y respetar la decisión de la Comisión de Libertad Condicional. Este juez optó por la prudencia y sostuvo que era “del parecer de rechazar el recurso de amparo en atención a que ha existido un periodo de observación muy breve en el cumplimiento de los beneficios intrapenitenciarios, resultando entonces más adecuado fortalecer de forma paulatina su reingreso al medio libre”.
Hasta el cierre de esta edición, el principal sospechoso del crimen aún no era detenido. Con todo, deberá enfrentar una vez más a la justicia, aunque esta vez arriesga pasar el resto de su vida tras las rejas.
CRÍTICAS DE SENADORES
Esta información generó críticas en el Senado. «Hace mucho tiempo que vengo diciendo los mismo. En este país hay menos delincuentes que crímenes. Hay delincuentes que son reincidentes y cometen el mismo crimen iguales numerosas veces. Por lo que yo si estoy con hacer políticas de estímulos, correcciones para personas que delinquen una vez. Pero cuando ya hay reincidencia, cuando ya hay demasiada peligrosidad, cuando el asesinato que ha cometido la persona es demasiado grave, no se le pueden dar facilidades. Y en este país estamos llegando a ese nivel de permisividad bastantes absurdos», sostiene el senador José Miguel Insulza (PS), quien además preside la comisión de Seguridad de la Cámara Alta.
El ex ministro agrega que «yo soy partidario de una política profundamente drástica en cuanto a libertades condicionales, especialmente además de personas que ya han cometido otros delitos de sangre o que han cometido, o que están en riesgo de cometer otros delitos más».
Su par socialista, Juan Luis Castro, lamenta que «esta situación se vuelve a repetir de nuevo en el tiempo. Hemos tenido reiterados casos en los cuales el régimen en el otorgamiento de la libertad condicional a partir de las comisiones espaciales que recordemos motivó incluso una acusación constitucional en un momento determinado a una jueza de la región de Valparaíso«.
El representante de la Región de O’Higgins añade que «está con deudas pendientes para poder ser hechas en el estándar de calidad, en la calificación real de los casos y no en un simple trámite que es otorgar libertades condicionales cuando a la postre nos damos cuentas que los beneficios pueden no estar bien otorgados en un momento determinado cuando hay potencialmente criminalidad de por medio, y aquí lo hemos visto y por lo tanto mi interrogante es que aquí nuevamente el tema carcelario, Gendarmería, los criterios, no han sido los definitivos que permitan asegurar la no reincidencia en esos casos».
En la oposición la postura es similar. «De comprobado los hechos, una vez que se compruebe fehacientemente los hechos, yo quiero señalar que la tozudez de una corte garantista hoy día demuestra que tenemos a un carabinero muerto. Y lo digo porque tiene que hacerse cargo la Corte y las autoridades judiciales de tomar atención cuando existen informes negativos como es el caso», expresa Iván Moreira (UDI).
El parlamentario por la Región de Los Lagos critica que «un delincuente que tenía informe negativo de la comisión de libertad condicional y de gendarmería no fue leído al parecer, fue desechado. Tiene que haber más responsabilidad, así como hemos criticado muchas veces a Gendarmería, así como hemos criticado muchas veces a la misma comisión de libertad condicional, hoy nuestra crítica profunda y directa es que producto de la tozudez de una corte garantista, tenemos un carabinero muerto. Este es un llamado de atención a todas las autoridades que tienen la función tanto de hacer informes y determinar libertades condicionales tenga mayor responsabilidad«.
Asimismo, el presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, sostuvo que «me hago cargo de las palabras de su padre, que le dice al Gobierno y al Estado, hagan la pega. Lo que está pasando es que hay total impunidad y en los pocos casos que se toman a estos delincuentes y asesinos terminan a los pocos años libres y listos para cometer otros asesinatos». (La Tercera-Emol)
