Controversia generó la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien el pasado 25 de enero autorizó que cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) puedan realizar videollamadas.
Según informó Meganoticias, la resolución activó la alerta en Gendarmería, institución que advirtió que dicho beneficio «pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada».
Esto, producto del alto grado de peligrosidad de los reclusos de dicho centro, muchos de ellos vinculados al crimen organizado y a delitos violentos.
Asimismo, Gendarmería cuestionó otra resolución del magistrado Urrutia, quien ordenó a la institución penitenciaria concretar la realización de una visita íntima al reo Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana, condenado a quince años de cárcel por narcotráfico, pese a no existir dependencias para ese tipo de encuentros en el REPAS.
La decisión del juez no sólo fue criticada por Gendarmería, sino que también generó rechazo en el mundo político.
Por ejemplo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfatizó en su cuenta de X que «estamos invirtiendo más de $2 mil millones en seguridad carcelaria. Estas decisiones dinamitan el esfuerzo conjunto que estamos realizando con el Gobierno y ponen en riesgo la seguridad de Gendarmería para combatir el crimen organizado».
CORTE SUSPENDE BENEFICIO
A fin de revertir la decisión del 7° Juzgado, Gendarmería ingresó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual fue acogida por el tribunal de alzada, suspendiendo los beneficios hasta no resolver respecto del fondo del asunto.
Sobre este tema, la institución penitenciaria señaló en un comunicado que «más allá de lo que se determine a nivel judicial, es importante comprender que los internos en cuestión se encuentran recluidos bajo un régimen diferenciado de seguridad, ya que pertenecen a bandas criminales organizadas y poseen un alto compromiso delictual, de acuerdo a la clasificación que hace Gendarmería».
«En ese contexto, el acceso a videollamadas con terceras personas, puede comprometer gravemente las condiciones de seguridad del establecimiento, así como del personal de Gendarmería y de la población bajo custodia institucional», complementó.
Puntualizó que «en esa misma lógica se entiende lo referido a la visita íntima. El REPAS no tiene instalaciones destinadas a esos fines, ya que todas las visitas en ese recinto se realizan a través de locutorios».
«Este tipo de medidas son fundamentales en el ámbito penitenciario para un control efectivo de los establecimientos, en particular en lo que respecta a internos pertenecientes a bandas de crimen organizado», acotó Gendarmería en su escrito.
GOBIERNO: «ES GRAVÍSIMO»
El ministro (S) de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó este jueves el fallo del juez del Sétimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien autorizó a 4 peligrosos reos vinculados al Tren de Aragua puedan realizar videollamadas desde su reclusión.
Gajardo fue consultado en entrevista con Mega, donde indicó que le parecía grave esta decisión, recalcando que en la cárcel de alta seguridad se encuentran criminales responsables de crímenes como extorsiones, trata de personas, homicidios y secuestros.
“Estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país. Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”, declaró Gajardo a Mega Investiga.
De esta forma, el ministro (s) reiteró que la resolución es gravísima pues afecta tanto a personal de Gendarmería, y a la sociedad. “Pone en riesgo no sólo la seguridad de los funcionarios del establecimiento penal (…) Por eso esta resolución es gravísima”, sostuvo.
Gajardo afirma que en esta cárcel “se encuentran los criminales más peligrosos que tenemos en el sistema penitenciario” y que por eso “es fundamental mantener ese régimen diferenciado, porque hay razones de seguridad, podríamos decir de seguridad nacional, para que esos criminales que son los más peligrosos de nuestro sistema penitenciario no tengan contacto con el exterior, y si tienen visitas sean a través de locutorios”.
“La resolución del juez Urrutia nos rompe esas dos premisas que son básicas en cualquier sistema de máxima seguridad que opera no sólo en nuestro país, sino que también en el mundo. Es decir, permite que estas personas tengan contacto con el exterior a través de videollamadas, donde posiblemente van a poder seguir funcionando sus bandas”, añade la autoridad.
QUIÉN ES EL JUEZ URRUTIA
Daniel David Urrutia Laubreaux, 49, ingresó el 31 de marzo del 2000 al Poder Judicial, donde cumplirá 24 años.
- Fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina (durante 2001); de Ovalle (durante 2003) y de Coquimbo (durante 2004). En 2006 llegó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
- El 8 de abril de 2004, la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Garantía de Coquimbo, a asistir a un diplomado en Derechos Humanos. Urrutia aprobó el curso y el 30 de noviembre de ese año envió a la Corte Suprema su trabajo final, donde proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
- La Corte de Apelaciones de La Serena aplicó en marzo de 2015 una “censura por escrito” en su contra, que luego la Suprema bajó a una “amonestación privada” y en 2018 dejó sin efecto, pero presente en su hoja de vida.
- La respuesta de Urrutia fue acusar en diciembre de 2005 una persecución en su contra y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más tarde pidió un permiso sin goce de sueldo, y permaneció en México entre 2009 y 2012. Hizo clases en la Universidad Autónoma de Chiapas, consignó entonces La Tercera, y generó redes de apoyo a nivel internacional.
- “Manifestamos nuestra preocupación por la persecución judicial a la que está siendo sometido el juez chileno Daniel Urrutia Laubreaux, a quien en los últimos 2 años se le han instruido 7 sumarios administrativos por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, afectando la independencia en el ejercicio de su función, por su defensa de los derechos humanos”, dijo una declaración del 25 de octubre de 2016 firmada por docenas de personalidades y organizaciones sociales mexicanas, reproducida entonces por El Mostrador.
- El 6 noviembre de 2020 el tribunal internacional notificó que consideró al Estado de Chile responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión y a las garantías judiciales del juez. Resolvió compensarlo con US$ 27 mil por concepto de daño inmaterial y reembolso de gastos de litigio, pero rechazó pagar los $110 millones de remuneración que pedía por los 3 años que estuvo en México y los viajes que hizo a Chile en ese lapso.
- El 25 de marzo de 2020, el juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O —los denominados “primera línea”—, por la de arresto domiciliario total. El motivo que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles. Se trató de una medida inédita, que, argumentó, se basó en un acuerdo entre los jueces de su juzgado, pero que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.
- Urrutia fue apartado por varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se abrió un sumario en su contra. En ese contexto se manifestó contra la prisión preventiva de los presos del 18-O. “La mantención de prisión preventiva en los casos del estallido social tiene un alto componente político. Por eso yo sostengo que hay presos políticos. Si hay casos que bajo delitos iguales en otro tiempo no estaban en prisión preventiva y ahora sí lo están, es sólo por un tema político”, dijo en noviembre de 2020 al sitio Sputnik.
- El 23 de junio de 2021 el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado y le permitió volver al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
- Respaldó a la desaparecida Convención Constitucional —cuya propuesta de nueva constitución fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. El 25 de agosto de 2021 expuso ante la subcomisión de marco general de Derechos Humanos los motivos por los cuales estimaba que el Poder Judicial debía ser refundado.
- “Detrás de cada violación a los Derechos Humanos, un juez convalidó o se hizo cómplice o encubridora de aquello”, dijo.
- El 30 de agosto de ese año publicó un tuit junto al video de un punto de prensa de los convencionales Manuela Royo y Rodrigo Rojas Vade (quien luego renunció tras conocerse su falso cáncer) y otros, diciendo: “No más una justicia heteropatriarcal machista, colonial, servil a las élites abusivas que han mantenido a los pueblos sin una verdadera justicia”.
- El 10 de abril de 2023 la Asociación de Magistrados confirmó la censura por escrito que se le aplicó en primera instancia por sus dichos sobre “refundar” el Poder Judicial. (Emol Meganoticias Bio Bio-Ex Ante)
