La economía chilena está prácticamente estancada. En efecto, y basado en cálculos del Banco Central, tan solo creceríamos en la próxima década algo más que el uno por ciento por año. La nada misma y mucho menos que el promedio mundial. Este crecimiento nos impide superar la crisis de los países de ingreso medio, y junto con ello, al malestar económico-social prevaleciente.
La solución técnica a la causa inmediata del problema del crecimiento es sencilla. Es más, existe un amplio acuerdo profesional al respecto: hay que aumentar las tasas de inversión y de progreso tecnológico. Como en el caso de Chile la inversión está correlacionada con el progreso tecnológico -la primera causando la última-, lo que hay que lograr es elevar significativamente la tasa a que aumenta la inversión y, juntamente con ello, el ahorro. La clave está entonces en cómo hacer efectivo ese “hay que”, tan chileno.
Para que haya inversión en una economía de mercado abierta al comercio y financiamiento internacional, como la chilena, tienen que existir las oportunidades y el ambiente favorable para que ésta se pueda materializar. Las oportunidades abundan en Chile, en materia de minería, energía, agricultura y servicios, entre otros rubros. La prueba de ello fueron los 25 o 30 años de alto crecimiento que tuvo el país a partir de 1990, mientras existió la voluntad de crecer y hubo un amplio acuerdo en cómo lograrlo.
No obstante, el crecimiento económico experimentado aumentó la demanda por un mayor desarrollo social y alimentó exageradas expectativas de desarrollo personal. Se empezaron entonces a tomar medidas tendientes a corregir esos problemas, que afectaron el ambiente para invertir en Chile. Entre muchas acciones al respecto, se aumentaron los impuestos sobre el capital, se rigidizó la legislación laboral, se aumentó la participación del Estado en ciertos servicios sociales, se terminó con el lucro en la educación privada subsidiada, y se limitó la inversión privada en algunas actividades mineras. También se modificó el sistema electoral, imponiéndose uno que dificulta los acuerdos y alimenta la incertidumbre. En definitiva, se fue rompiendo el acuerdo existente en materia socioeconómica, proceso que culminó con el estallido social de 2019 y luego la elección del actual gobierno.
Un requisito sine qua non para volver a crecer económicamente en Chile a tasas relativamente elevadas es la existencia de un ambiente favorable para la inversión, lo que -entre otras cosas- requiere que haya una sustancial reducción en la actual incertidumbre institucional (ver índices de ClapesUC). El logro de este último objetivo pasa necesariamente por la construcción de un amplio acuerdo político en torno a un conjunto de principios que configuren, para Chile, un sistema económico-social virtuoso. (El Mercurio)
Rolf Lüders
