Crecimiento o igualdad. Posiblemente ese sea uno de los debates políticos más candentes del momento. No sólo en Chile, sino en el mundo. Ciertos sectores de izquierda, con intensidad creciente y global, han venido argumentando que el crecimiento económico finalmente sólo sirve para seguir acumulando riqueza en manos de algunos pocos, por lo que en realidad el único camino efectivo para lograr sociedades más igualitarias sería concentrándose en la lucha contra la desigualdad.
Así, la tradicional moderación socialdemócrata europea se está viendo acechada por liderazgos radicalizados, como el de Pablo Iglesias en España y Jeremy Corbyn en el Reino Unido. En Estados Unidos, fue Bernie Sanders quien hizo el punto, poniendo en serios aprietos a la otrora centrista Hillary. Y en Chile ha sido la Presidenta Bachelet quien ha enarbolado esas banderas, encarnadas en su programa de reformas estructurales. De esta manera, la Nueva Mayoría vino a superar el foco economicista y “pro crecimiento” de la (hoy vilipendiada) Concertación.
Este enfoque puede parecer políticamente atractivo, Tocqueville hacía notar que en las sociedades democráticas surge una verdadera pasión por la igualdad, pero que olvida un hecho esencial. Ya que si bien el crecimiento no garantiza necesariamente mayores niveles de igualdad, en su ausencia dicha tarea se vuelve mucho más difícil, si no imposible.
Una forma de constatar este punto es observando el desempeño de los últimos gobiernos en materia de progreso económico e ingresos de la población. En particular, contrastando los avances en crecimiento, salarios promedio e ingresos reales de los grupos más vulnerables, análisis del que se desprende lo siguiente: combinadamente, la mayor expansión anual de estos tres indicadores se dio en el mandato del Presidente Piñera (5,3%, 2,9% y 8,5%, respectivamente), mientras que la menor es la que se está observando en el segundo mandato de la Presidenta Bachelet (2%, 1,6%, 2%). En los casos de Lagos y Bachelet 1, sus registros se ubican en un escalón intermedio.
En consecuencia, una economía dinámica dotada de una apropiada institucionalidad de política social permite que: 1) el país crezca, 2) mejore la situación del ciudadano promedio, y 3) mejore aún más la situación de quienes están peor situados. Ese es el objetivo que tenemos que volver a perseguir como país. (Pulso)
Gonzalo Blumel, director ejecutivo Fundación Avanza Chile (@gblumel).
