La sala integrada por los cinco ministros sorteados para resolver este tema se reunió para determinar la admisibilidad de la reclamación ingresada por la izquierda al máximo tribunal. Luego de analizar el recurso el máximo tribunal declaró que la solicitud del bloque oficialista es inadmisible. La resolución fue una decisión divida por tres votos contra dos.
Los ministros de mayoría fueron Arturo Prado, María Cristina Gajardo y Mario Carroza. En tanto, los de minoría fueron los magistrados Andrea Muñoz y Jorge Dahm.
Fuentes conocedores de la resolución cuentan que los ministros que concurrieron a la mayoría estimaron que la reclamación debió haber sido acompañada de un certificado de la secretaría que acredite la condición de consejeros en ejercicio de los reclamantes y que se cumplía con reunir a más de un quinto del Consejo.
En el recurso oficialista se reclamó por las indicaciones ingresadas por las tres bancadas de oposición -republicanos y Chile Vamos- las cuales buscan crear en total tres nuevos capítulos sobre “Defensa nacional”, para alojar aquí las normas de las Fuerzas Armadas, otro sobre seguridad pública y un último para la Defensoría de las víctimas.
Para que la reclamación fuera considerada admisible, el escrito debía estar presentado dentro del plazo correcto. La Constitución establece un plazo de cinco días para reclamar, los cuales se cuentan desde que consejeros o comisionados tomaron conocimiento del vicio. Además exige un número de firmas que, en este caso, equivale al apoyo de al menos diez consejeros del órgano redactor quienes debían certificar correctamente su calidad de representantes en ejercicio.
En la reclamación oficialista figuran 14 firmas de los 17 representantes de izquierda. Los tres apoyos faltantes son de los consejeros Miguel Littin (PS), Jessica Bengoa (CS) y el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (Ind-PS). Los dos primeros no firmaron por problemas de coordinación y el segundo optó por mantenerse al margen debido a su rol institucional como vicepresidente del Consejo. La reclamación fue presentada el pasado domingo por la noche, ya que ese día, según el análisis jurídico de la izquierda, vencía el plazo desde que se cometió la eventual infracción.
Dado que la reclamación fue declarada inadmisible, la solicitud pasa a ser considerada como “no presentada”. Pese a eso, aún queda una última opción, por lo tanto, aún hay que esperar hasta que se agoten todas las instancias procesales.
La izquierda va a apelar a esa decisión a través de un recurso de reposición el cual debe ser presentado “dentro de segundo día” el cual también se resolverá en la cuenta de la sala, es decir, sin necesidad de citar a una audiencia. En ese recurso se acompañarán las certificaciones que solicita el voto de mayoría de la sala.
El autoacordado de la Corte Suprema que regula el procedimiento de la reclamación agrega que “si se rechaza la reposición, se pondrá fin al procedimiento y se ordenará su archivo”. El recurso de reposición deberá ser presentado por William García, el abogado patrocinante del oficialismo.
REPONDRÁN RECURSO
Luego de que la Corte Suprema declarara inadmisible su reclamación por la inclusión de nuevos capítulos al texto constitucional -impulsados por la oposición-, los consejeros oficialistas confirmaron esta tarde que presentarán la reposición del recurso. Mientras que desde el Partido Republicano los acusaron de tener «poca sensibilidad» con la seguridad, materia que abordan los nuevos apartados.
En una resolución con voto dividido -tres contra dos-, el máximo tribunal consideró como «insuficientes» los documentos presentados por los consejeros «al no haberse acompañado un certificado del órgano al que pertenecen los firmantes dando cuenta que constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio». Sin embargo, cuentan con un plazo de dos días para presentar una reposición del recurso.
La delegada de la bancada CS-PC, María Pardo, indicó que «estamos haciendo las gestiones necesarias para efectos de poder incorporar ese documento. Sabemos que es un recurso que es una reclamación que es inédita, está regulada específicamente de este proceso constituyente y evidentemente hay interpretaciones disímiles acerca de cuáles son los requisitos respecto del texto constitucional y del autoacordado, por lo mismo vemos que es un sentencia con votos divididos».
«Seguimos pensando que existe un vicio esencial por el cual reclamamos que a nuestro parecer impide que puedan debatir de manera transversal, llegar a grandes acuerdos, en materias que son tan importantes para la ciudadanía en materias como son la seguridad de las personas», sostuvo Pardo.
En la misma línea, el delegado de los consejeros RD-IND, Julio Ñanco, comentó que «estamos completando la información para poder hacer el reingreso del certificado que podría acreditar lo que la Corte Suprema necesita para poder continuar con el trámite».
Al contrario, el delegado de los consejeros republicanos, Luis Silva, «valoró» la decisión de la Corte Suprema, argumentando que esto «deja abierto el camino para que estas materias tan importantes para la ciudadanía puedan seguirse discutiendo en el seno del Consejo Constitucional y eventualmente plasmarse en el texto que se presente a Plebiscito como la Constitución de la seguridad».
Además, Silva consideró que «ante la eventual decisión del oficialismo de pedir que se revise esta decisión de la Corte Suprema, creemos que demuestra la poca o escasa sensibilidad del oficialismo con esta materia tan sentida por la ciudadanía como es la seguridad», añadiendo que hablan además de «poca sintonía» con la ciudadanía.
Sobre los capítulos de seguridad, Ñanco expresó que «hemos dichos que la forma (de incorporarlos) es observable y que estamos acudiendo a la instancia que podría decir si corresponde o no. Estamos de acuerdo que se incorpore el contenido de Fuerzas Armadas y también de seguridad, y eso es lo que le hemos pedido a la derecha que podamos concurrir a un acuerdo transversal en el tema de seguridad pública». (La Tercera-Emol)
